La juez Arrabal consideró “de gravedad institucional” la demanda por daños y perjuicios que le iniciara la Federación Tierra y Vivienda, que encabeza D’Elía, por no poder transmitir dos señales de TV que tiene la organización en Mendoza.
Arrabal, quien falló a fines de diciembre a favor de la suspensión de la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, le pidió a Lorenzetti que tomara la “intervención pertinente, en defensa de los derechos que me son propios como magistrada de la Nación”.
Tanto la jueza federal de Mendoza como el diputado Enrique Thomas (quien presentó el amparo contra la Ley de Medios) y los camaristas Otilio Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra Fernández fueron citados a una mediación para este miércoles las 16 horas en una oficina en pleno centro porteño.
Fuentes del Máximo Tribunal aseguraron que el escrito sería girado por la Corte a la Asociación de Magistrados de la Nación.
“La gravedad institucional no se configura tan sólo con la demanda (a todas luces jurídicamente improcedente) sino que ha adquirido connotaciones preocupantes, a poco que se advierta que el Cuerpo de Mediadores del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, le ha dado curso (…) en una jurisdicción manifiestamente incompetente en lo territorial, dado que el hecho que se endilga se produce en Mendoza, donde también residen los demandados”, señaló la jueza Arrabal en el texto que le hizo llegar a Lorenzetti.