La intervención policial para el retiro de las viviendas la había decidido el juzgado de Garantías Nº 2, a cargo de Melazo, a raíz de una causa iniciada por los vecinos de un country que pedían que los terrenos fueran liberados de los "intrusos". Pero mientras se desarrollaba el operativo policial, el titular del juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, Luis Arias, libró una medida cautelar para frenar el desalojo.
Arias, que había hecho lugar a un amparo presentado por los abogados de las familias que ocupaban los terrenos, se dirigió personalmente al lugar con la copia de su resolución impresa y notificó en el acto al jefe del operativo, el comisario Luis Neiber, para que se detuviera el procedimiento. No obstante el operativo continuó con el traslado de las personas.
"Es una situación rarísima porque no hay acción penal, son personas que viven pacíficamente desde hace 20 años en el lugar y además están con el consentimiento del dueño de la tierra que es la Provincia de Buenos Aires", sostuvo Arias en diálogo con DiarioJudicial.com.
Luego polemizó: "Es una causa penal armada, porque no hay acción penal alguna, las familias desalojadas no cometieron ningún delito: no hay usurpación, ni violencia".
Las familias, que ya habían retirado sus pertenencias del lugar, volvieron a Gorina por la tarde y fueron reubicadas en escuelas y clubes de la zona, hasta tanto se resuelva la situación. "La Policía derruía sus viviendas delante de mis narices y la gente no tenía donde ir, fue una situación de violencia inusitada”, relató Arias.
"Hice la denuncia penal al comisario Neiber, y le pedí al ministro de Seguridad que instruya los sumarios administrativos correspondientes", agregó.
En diálogo con este medio, Arias puso en duda las motivaciones reales del desalojo. "Sucede que con el tiempo la zona en cuestión se ha convertido en un lugar de countries y residencias muy caras, y según cuentan los medios allí viven magistrados como el juez Guillermo Atencio (con quien se inicia la causa), o el juez federal Manuel Blanco, entre otros”.
Consultado por DiarioJudicial.com, el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Atencio, argumentó que la causa llegó a su juzgado cuando estaba de turno pero dijo que se excusó “por ser vecino". Atencio explicó que se está tratando de "convertir una cuestión delictiva como esta usurpación de la propiedad en una cuestión socio-económica”.
"El juez que entiende en la causa, Melazo, entendió que era una usurpación y ordenó el desalojo, luego la causa pasó por Casación y se confirmó el desalojo por lo tanto no sé por qué Arias opina de una materia que no es de su competencia", lanzó Atencio.
Y agregó: “Desconozco el interés de todos aquellos que quieren mantener a la gente viviendo de ésta manera. No sé cuál es éste interés que los mueve, si es clientelismo o lo que fuere, porque si mi función fuera ocuparme de los pobres no los tendría hacinados y recluidos en villas sino que les daría vivienda, escuelas, sala de salud y comedor comunitario”.
El grupo que ocupaba esas tierras estaba integrado en su mayoría por familias provenientes de provincias del norte argentino. Por el tiempo que llevaban instaladas, las viviendas tenían servicios de luz y agua, obtenidos en forma regular a través de tarifas sociales.
Ahora, el ministerio de Infraestructura de la Provincia estaría buscando un lugar definitivo para reinstalar el asentamiento que fue levantado en Gorina.