Ante el inminente vencimiento a principios de junio de la ordenanza provincial, los senadores coincidieron en la necesidad de encontrar una solución definitiva a aquellos deudores hipotecarios que hoy se encuentran ante el serio problema de perder la vivienda.
La Cámara de Senadores convirtió en ley, por unanimidad, la media sanción que los diputados provinciales habían apurado en la segunda reunión de la primera sesión ordinaria del cuerpo. A través de la norma, “se suspenden las ejecuciones de vivienda única por 60 días hábiles judiciales, quedando prorrogadas para ello la vigencia de las leyes correspondientes”.
Quienes vieron con cierto agrado la medida fueron las organizaciones que defienden los intereses de las familias involucradas, aunque continúan reclamando una solución de fondo. En ese sentido, y según medios locales, pidieron ampliar otra ley a la cual el Senado santafesino le dio media sanción en noviembre último, con el objetivo de buscar una solución definitiva ya que “no cubre” a la totalidad de los deudores.
La norma que ya pasó a Diputados tiene por intención crear un plazo de 3 años para que los jueces busquen una solución de consenso entre quienes tienen derechos como acreedores y las familias deudoras, cuyo único bien fue adquirido mediante créditos hipotecarios.
Durante los últimos años se trataron varios intentos de remates de las viviendas en cuestión en la sede del Colegio de Martilleros de la Ciudad de Santa Fe.
Desde el Centro de Estudios de la Concejalía Popular, su titular Nire Roldán declaró a los medios que la norma no representa una solución de fondo, dado que no protege a “quienes tienen deudas por haber salido como garantes en una tarjeta de crédito, quienes tuvieron que ir a la quiebra o poseen deudas de expensas”. En la ley “están incluidos no más del 10 por ciento de los deudores de toda la provincia” apuntó Roldán.
En línea con la nueva legislación, el senador por el departamento Caseros, Eduardo Rosconi, presentó un proyecto de ley por el cual se declara la inembargabilidad de las viviendas únicas declaradas como bien de familia. En sus fundamentos, el texto asegura que el espíritu de la ley es preservar a la familia, como base de la sociedad y su patrimonio.