Luego de dos años y cinco meses como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli volvió esta semana a su rol como fiscal federal y se generó un conflicto con el personal. Es que, según la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), algunos funcionarios que ocuparon tareas durante la licencia de la que gozó Stornelli (otorgada por el Procurador General Esteban Righi) ahora deben emigrar a otros destinos. “No conocemos otro antecedente en que se hayan reservado los cargos de toda una dependencia por tanto tiempo, sin fundamento y afectando los derechos de los compañeros que se quedaron cumpliendo funciones”, aseguró la comisión interna del Fuero Federal Penal, de la UEJN. Los empleados judiciales repartieron volantes este martes en los tribunales de Comodoro Py 2002 en los que explicaron que la mayoría del personal que trabaja junto con Stornelli se fue con él a la cartera de Seguridad y eso generó que “cinco de los ocho trabajadores que estuvieron cumpliendo funciones en la Fiscalía, quedan sin sus cargos, mientras que los únicos tres que tenían cargos efectivos, vuelven a sus dependencias generando una ‘corrida’ hacia abajo que también deja a tres empleados sin salario”. Calificaron la situación de “escandalosa”.
Confirmó el fallo de la Sala II de la Cámara Federal
La Sala I de la Cámara de Casación Penal declaró este martes “inadmisible” un recurso interpuesto por la defensa de Paula Aballay, la mujer del dirigente sindical Juan José Zanola, que con esta decisión seguirá detenida en la causa de la “mafia de los medicamentos”. “En virtud de la complejidad de la investigación, la gravedad del ilícito y la elevada pena prevista para aquél, no resulta excesivo ni irrazonable la denegación de la soltura anticipada; sin perjuicio de que en el futuro se pueda rever esta medida, como también señalaron los magistrados de grado”, expresó el tribunal en la sentencia, de dos carillas. En la causa, que instruye el juez federal Norberto Oyarbide, ya fueron dictados 25 procesamientos, entre ellos, a Néstor Lorenzo, a Zanola, a Susana Fiona y a Carlos Torres (ver fallo adjunto).
Chaco: el STJ, los magistrados y los empleados judiciales reclamaran en conjunto
Así lo expresaron representantes de los tres sectores en el marco de una reunión llevada a cabo en el salón de acuerdos del Superior Tribunal de Justicia de Chaco. Allí cada sector expuso su posición respecto de la necesidad común de un aumento salarial. En representación del sindicato de empleados judiciales, Graciela Aranda, recordó que su sector continúa reclamando el 30 por ciento de recomposición salarial. Por otra parte, Marta Inés Alonso y Gloria Zalazar, en representación de la Asociación de Magistrados, recordaron el reclamo de los jueces de un 30 por ciento de bonificación por capacitación y de un 45 por ciento de aumento por bloqueo de título e incompatibilidad funcional. Finalmente, los ministros del STJ, Rolando Toledo, Ramón Ávalos y María Lucas admitieron la legitimidad de los reclamos y se comprometieron a solicitar a los poderes Ejecutivo y Legislativo la ampliación del presupuesto anual y la remisión de las partidas correspondientes para poder hacer efectivas las pretensiones salariales de los distintos sectores que integran el Poder Judicial.
La Corte habilitó la venta de hospital de San Isidro
El Máximo Tribunal desestimó por “inadmisible” el recurso de queja presentado por el denominado Centro para la Cultura y Participación Brazos Abiertos (Anexo Biblioteca Popular) contra la Comuna de San Isidro. Esto permite la venta del viejo hospital de San Isidro, ubicado en Juan José Díaz y Primera Junta. Antes habían intervenido la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, la Cámara de Apelación en los Contencioso Administrativo de San Martín y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El establecimiento fue reemplazado para la atención de la salud por el Hospital Central de San Isidro, cuya superficie triplicó a la del antiguo hospital.
Salta: forman equipo de trabajo de violencia doméstica
La Corte de Justicia de Salta culminó con la integración de un equipo de trabajo que tendrá como función principal elaborar en dos meses un proyecto que permita optimizar los mecanismos y recursos disponibles para la atención de los casos de violencia doméstica en los tribunales de Familia de la provincia. La creación del mencionado equipo fue dispuesta por la acordada 10.611. El equipo de trabajo estará encabezado por los jueces de Corte, María Cristina Garros Martínez y Abel Cornejo, e integrado además por la jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 5, Adriana Martorell de Milia, la Secretaria de Superintendencia, Silvia Areco de Paz Sosa, la Secretaria de la Oficina de Recepción y Remisión de Expedientes de Violencia Familiar, María del Rosario Llimós, la jueza en lo Civil de Personas y Familia 3, Marta Maturana de Haddd, la Secretaria de la Escuela de la Magistratura, Adriana Rodríguez de López Mirau, la Secretaria Relatora, Virginia Solá, la Secretaria de Derechos Humanos, Inés del Carmen Daher, y el Prosecretario de Informática, Miguel López Mena.