Entre los aspectos positivos que tuvieron lugar en 2009, se señaló la implementación de la asignación mensual por hijo a las familias sin trabajo, con bajos ingresos o que trabajaran en el sector informal. Sin embargo, también se mencionaron las “protestas y manifestaciones generalizadas contra el desempleo, el elevado nivel de delincuencia urbana, las precarias condiciones de vivienda y otros motivos de preocupación social”.
En relación con los “derechos de los pueblos indígenas”, Amnistía manifestó que se dictaron numerosas órdenes de desalojo pese a la prohibición que imponen las normas internacionales y una ley nacional aprobada en 2006, que fue prorrogada hasta 2013.
En ese apartado, el documento marcó tres situaciones que tuvieron lugar en los últimos doce meses: por un lado, el asesinato, en el mes de octubre, de Javier Chocobar, miembro de la comunidad indígena diaguita de la provincia de Tucumán, a manos de un “terrateniente”.
Por el otro, los procesos dictados contra 150 personas de la etnia mapuche que protestaban en Neuquén por el derecho a la tierra y, por último, la falta de resolución de una demanda presentada en 2001 por miembros de la comunidad indígena pilagá de El Descanso, en la provincia de Formosa, por obras de riego realizadas en 1997, que, según sus dirigentes, afectaban a las tierras ancestrales.
“Lamentablemente, siguen haciendo falta medidas contundentes por parte de las autoridades del país para hacer frente a estas violaciones”, sostuvo la directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina, Gabriela Boada.
Sobre la situación en las cárceles, Amnistía señaló las “pésimas condiciones, el hacinamiento y la falta de servicios de salud apropiados en las cárceles y los centros de detención” de las provincias de Santiago del Estero y Mendoza. También enfatizó “los actos de violencia y las torturas y otros malos tratos” registrados en estos establecimientos.
La ONG destacó que “las autoridades nacionales no crearon un mecanismo para la prevención de la tortura”, en contra de lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.
También se le achacó al Gobierno la falta de aplicación de la ley para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, aprobada en abril del año pasado.
Entre los avances, Amnistía Argentina destacó las 30 condenas dictadas a represores de la última dictadura en 2009 y enfatizó la condena a cadena perpetua impuesta en agosto a Santiago Omar Riveros, jefe del centro de detención Campo de Mayo, por la tortura y el asesinato de Floreal Avellaneda, de 15 años, y por el secuestro de su madre, Iris Pereyra.
También subrayó la condena a cadena perpetua dictada al ex general Jorge Olivera Róvere (sindicado como culpable de cuatro casos de homicidio y varios casos de privación ilegal de la libertad), la tercera condena a cadena perpetua al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, dictada por un tribunal cordobés, y el comienzo del juicio por los crímenes cometidos en la ex ESMA, donde está siendo juzgado, entre otros, Alfredo Astiz.