La nueva ley establece un plazo de aborto libre y sin dar motivos hasta la semana 14 de embarazo. A partir de ahí y hasta la semana 22, se podrá recurrir a la intervención cuando la vida de la madre corra grave riesgo. Luego, transcurrido ese plazo, se permitirán sólo los abortos por malformaciones graves del feto, lo cual deberá ser examinado por un comité médico.
Hasta ahora, en España las mujeres solo podían recurrir al aborto por violación (hasta la semana 12), por malformación del feto (hasta la 22), o por grave riesgo de salud de la madre (sin plazo). Por este último motivo se dieron el 96 por ciento de los abortos en España durante 2008.
La entrada en vigencia de la ley fue precedida por una serie de marchas anti-aborto en toda la península y una batalla entre el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), que impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional.
El jefe de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo este lunes que la ley es “de prevención, de seguridad y europea”, y enfatizó que “no crea inseguridad jurídica”. Añadió que “lo que pierde [el Partido Popular] políticamente en la mayoría social y parlamentaria siempre lo traduce en un recurso ante el [Tribunal] Constitucional”.
En tanto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, opinó que la nueva ley “es inhumana, inconstitucional e injusta”.
“Es el mayor retroceso democrático en 30 años de democracia, porque por primera vez se establece que un grupo de personas, las no nacidas, pueden ser eliminadas de forma terrible y sin derecho a defensa alguna”, aseguró.
La ley, sancionada en febrero, ya se judicializó: a la fecha, se presentaron tres recursos en contra: uno del PP, que encabeza Mariano Rajoy; el segundo del Gobierno de Navarra –que anunció este fin de semana que continuará con su política de derivar los casos de abortos a otras comunidades autónomas-, y un tercero, presentado por algunas asociaciones encabezadas por el centro jurídico Tomás Moro.
La nueva ley generó el rechazo de varias comunidades autónomas de España, entre ellas de Murcia, cuyo presidente Ramón Valcárcel Siso, sostuvo este lunes que “no hay razones para acatar” la ley dado que “todavía no están en su punto final”.
En tanto, la ministra de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Trinidad Jiménez, dijo que persistirá el derecho a la objeción de conciencia de los médicos. Y un funcionario de esa cartera opinó que “es un día muy triste para la mayoría de los españoles que están en contra de la ley”. También la comunidad de Galicia anticipó que no aportará información propia en el manual que se entrega a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo.