Brevatas

Hay 38 mil excarcelados en la Provincia de Buenos Aires

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Ricardo Casal, aseguró que en el ámbito bonaerense hay 38 mil delincuentes excarcelados que están “perfectamente controlados”, aunque admitió que “hay de los otros también”. “En cada municipio hay entre 15, 20 ó 30 liberados trabajando perfectamente controlados. Está funcionando. Por supuesto que existen los otros también”, sostuvo el funcionario bonaerense al referirse a los delitos perpetrados por delincuentes excarcelados. En este marco, Casal explicó que la Provincia inicia las gestiones dentro del sistema carcelario para que “en la calle se cambie el revólver por la cuchara o la pinza, dándole más elementos educativos”. Las cifras fueron brindadas luego de que el jefe de la Policía Federal, el comisario Néstor Valleca, deslizara críticas que parecieron apuntar directamente a la Provincia por la actuación de delincuentes excarcelados en episodios que derivaron en homicidios de miembros de esa fuerza.

Otro respaldo internacional a la penalización del cliente de trata

La Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldó la posición argentina sobre la necesidad de avanzar en la penalización del usuario o consumidor de la explotación de personas. La OEA publicó en su portal oficial la incorporación de ese tema al Plan de Trabajo del organismo para el Hemisferio Occidental en el período 2010-2012. Voceros oficiales recordaron además que “la Organización de las Naciones Unidas otorgó también un respaldo internacional clave a la propuesta argentina de avanzar sobre la revisión de las legislaciones para poder establecer la penalización del cliente de la explotación de personas”. La aprobación por parte de la ONU implica que en todos los foros regionales y subregionales comience a abordarse la problemática del cliente, usuario o consumidor de trata, tal como ahora lo estableció la Organización de los Estados Americanos.

Larosa procesado por violación de domicilio

El juez federal Claudio Bonadío procesó sin prisión preventiva a Roberto Larosa, el intruso que en abril pasado ingresó a dependencias del Ministerio de Economía. Asimismo, fue embargado por un valor de 5 mil pesos. Según consignaron fuentes judiciales, Larosa fue imputado por los delitos de “violación de domicilio y hurto agravado por el uso de falsa llave”. El pasado 16 de abril, Larosa fue descubierto por personal del ministerio ingresando ilegalmente a la oficina del subsecretario Raúl Rigo.

La empresa planteó la inconstitucionalidad de la cláusula de desinversión

La Corte Suprema comenzó a analizar este martes un recurso del Estado nacional contra el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que mantiene suspendido el artículo de la “cláusula de desinversión” de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada en octubre del año pasado. El Máximo Tribunal tiene dos opciones: rechazarlo “in limine” o abrir el recurso y remitirlo al Procurador General de la Nación para que opine al respecto, y luego dictar sentencia. Esa vía fue la adoptada en el caso del recurso contra la ley de medios presentado por el diputado Enrique Thomas. Fuentes de la Corte señalaron que el tratamiento podría empantanarse a raíz de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner en 2005, que otorga a algunos medios de comunicación la prórroga de las licencias por otros dos años, y que fue aprobado por el Senado luego de sancionada la Ley de de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Un tribunal de Tucumán desestimó una acción declarativa de certeza

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán no hizo lugar al planteo de un ciudadano que pidió que el tribunal se pronuncie sobre si el actual gobernador de esa provincia, José Alperovich, “está o no habilitado para ser candidato a una tercera elección al mismo cargo”. La Cámara sostuvo que de la demanda “no se sigue cuál es el perjuicio concreto o actual que pudiere afectar la situación del actor” y añadió que “tal circunstancia conduce a la lógica conclusión de que el planteo incoado por [Sergio García] no constituye un ‘caso o controversia judicial’ con aptitud suficiente para poner en funcionamiento el accionar de la justicia”.