Por otra parte, el bloque de la Alianza, que incluye a los legisladores Nilda Garré y Melchor Cruchaga, introdujo modificaciones que serán debatidas en el recinto de la Cámara Baja el próximo 27 de enero. Entre las modificaciones planteadas por los aliancistas, contrariamente a la postura del justicialismo se plantea una reducción de la pena que llegue hasta el mínimo, de acuerdo con la escala del delito por el cual está imputado el detenido que resuelva "arrepentirse" y revelar datos de trascendencia que ayuden a la investigación y esclarecimiento de los actos de terrorismo.
Esa posición, que contó con el visto bueno del ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, mientras se llevaba a cabo el debate en comisión esta mañana, intenta evitar la eximición lisa y llana de la pena, y "resulta una oferta tentadora para aquellos detenidos que por lo general ya llevan más de tres años de prisión".
Además, y tal como lo había anticipado en su edición de ayer Diario Judicial, se introdujo una modificación en el artículo primero de la norma, por la cual se eliminaron las calificaciones de los actos de terrorismo, referidas a hechos de índole "político, racial o religioso", que habían producido resquemor entre los legisladores. De ese modo, el párrafo aludido consignará que "se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas cometidas por asociaciones ilícitas que puedan producir alarma o temor poniendo a través de la utilización de medios idóneos, en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas".
Respecto de la incorporación de otro tipo de delitos los voceros consultados recordaron que la creación de la norma para los actos de terrorismo fue la única forma de consensuar con el Justicialismo.