La reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia emitió este jueves un dictamen consensuado de mayoría. Si bien fue firmado con algunas modificaciones, el tema del "decomiso" fue postergado para su posterior análisis en recinto.
La trata de personas es una de las zonas más grises en la paleta de colores del sistema jurídico nacional. Sin embargo, las expresiones sombrías de las víctimas o de sus familiares podrían avizorar señales positivas. La reunión conjunta plenaria de las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Diputados logró emitir un dictamen de mayoría para ser debatido en recinto en los próximos días.
Las discusiones fueron coordinadas por los diputados Juan Carlos Vega y Claudia Rucci, presidentes de las comisiones arriba mencionadas. El quórum tardó en llegar, por lo que por momentos se habló de implementar el artículo reglamentario 108 para poder trabajar sobre el borrador del dictamen. Una vez obtenida la minoría mínima de legisladores presentes, se presentó el tema basado en tres ejes principales: el consentimiento de la victima menor de 18, la caracterización jurídica del término explotación y las figuras de los agravantes típicos de la figura penal.
El proyecto de ley presentado como borrador del dictamen a ser firmado consta de 12 artículos que modifican la ley 26364 y el Código Penal.
Claudio Rucci comenzó por plantear la necesidad de incluir en el artículo 145 ter del Código Penal los términos de "discapacidad y vulnerabilidad social", tal como fue sugerido en encuentros anteriores de los legisladores. A esto, la macrista Gladys Rodríguez propuso incluir como agravante el hecho de que la víctima esté embarazada. El cordobés Vega aceptó la iniciativa y agregó el ítem a los enumerados en el nuevo artículo 5º del dictamen propuesto. A las circunstancias previstas como agravantes se sumó el embarazo de la mujer, que la víctima sea mayor de 60 años, y cualquier tipo de discapacidad.
Uno de los puntos centrales del debate fue el de la aplicación de multas. La diputada Patricia Bullrich propuso homogeneizar la "escala punitiva" del delito a fin de otorgarle mayor margen al juez al momento de aplicar las penas.
Quien se opuso radicalmente a la utilización de las multas fue el diputado Ricardo Gil Lavedra: "Me preocupa la cuestión de las multas, porque son multas fijas y porque son brutales; no guardan ningún tipo de analogía con el sistema de multas del Código Penal". Para ejemplificar comentó que "en el delito básico, son 3500 salarios, unos 6 millones de pesos mientras que si la victima fuera menor a 18 años, la multa sería de 13 millones". "¿De dónde salieron estas escalas de multas?", cuestionó indignado el jurista.
"En el Código Penal no hay delitos que superen los 200 mil pesos, el envenenamiento seguido por muerte tiene una multa de 200 mil pesos. El nuestro es un Código destruido por las sucesivas reformas", concluyó Gil Lavedra. "Hay que darle un baño de realismo a estas multas impresionantes que no tienen parangón", exclamó el diputado de la UCR.
La diputada del PRO, Gladys González, intervino luego al revisar la "definición de explotación" como agravante según su ubicación en el CP, además planteó que las penas no fueron del todo aumentadas y que se debía aumentar la pena mínima para que el delito no fuera excarcelable.
Vega respondió a las cuestiones consultadas. Explicó que él no cree que el "agravamiento de penas conduzca a la disolución del delito". Además, mencionó que las penas corresponden a una categorización penal establecida en el Código Penal y, por último que al subir las penas "se estaría quebrando el principio elemental de garantismo", y por consiguiente se corre "el riesgo de que se planteen riesgos de inconstitucionalidad".
Además, el presidente de la Comisión de Legislación Penal expresó que los "tipos penales siguen los lineamientos de la doctrina del jurista penalista Alberto Binder" y que "si bien no representan una solución total sistémica", el "encuadre de categorización parecería ser el mejor". Recordó además que el mencionado Código Penal "recibió, en los últimos 15 años, 39 modificaciones mientras que el Procesal Penal fue actualizado unas 19 veces". Por su parte, Claudia Gil Lozano expresó que "al dejar en libertad al tratante (luego de 3 años de prisión), se pone en riesgo a la víctima".
Uno de los últimos puntos discutidos fue el de la penalización del cliente. La diputada Marcela Rodríguez disparó primero anunciando que "en términos de oferta y demanda, el usuario es el que genera la oferta. Pensemos en la pornografía". Bullrich opinó que en caso de castigar como primera medida al usuario, "se estaría perdiendo un testigo". "¿Va a dejar de haber uso pago de sexo por una pena de 6 meses?", preguntó a su par de la Coalición Cívica.
A la par, la radical María Luis Storani apuntó que al penar al cliente, "caen los pichis, los que atienden los prostíbulos y no los que deben caer". A esto, Gil Lavedra, quien se manifestó contrario a incluir al cliente, sumó que "no hay que olvidar que la explotación sexual es una de las tantas categorías posibles de la trata". Para cerrar este tópico de la discusión, la diputada de la CC Gil Lozano lanzó: "Hasta podríamos penar el programa de Tinelli, deberíamos rever como se trata la prostitución".
El dictamen final se firmó en mayoría con las inclusiones aceptadas durante el debate, pero se dejó al margen para ser tratado en el recinto el tema del "decomiso". Marcela Rodríguez presentará un dictamen en minoría que incluiría las penas contra el demandante de los distintos servicios sexuales provisto por los tratantes. La legisladora Claudia Gil Lozano se mostró satisfecha con la conclusión del debate: "Todos firmamos en acuerdo el dictamen. Desde Pinedo a Pino. Estamos cumpliendo con pedidos de la sociedad civil. Finalmente salimos de la discusión por el consentimiento. Dimos un salto cualitativo".