La comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura dio el visto bueno para la creación de juzgados federales en Iguazú y Tartagal. Asimismo se trató una nota presentada por el Colegio de Traductores de la Ciudad, que generó un debate sobre los honorarios de estos profesionales.
Los consejeros incluyeron en la orden del día el tratamiento de dictámenes para la creación de juzgados federales en Iguazú y en Tartagal, que luego fueron aprobados por la totalidad de los consejeros pertenecientes a la comisión. Sobre la posible creación de un juzgado Federal en Iguazú, Héctor Masquelet explicó que es una “necesidad tener un juzgado federal allí”. Hoy en día la zona es competencia del juzgado federal de Eldorado. En contrapartida, se decidió postergar el expediente Expediente 10-16195/99, para que se de el visto bueno para la creación del juzgado Federal Nº 2 de Río Gallegos.
Luego pasó a ser el centro de la discusión una comunicación presentada por el Colegio de Traductores de la Ciudad de Buenos Aires (Expediente AAD 180/2010). En la presentación, los traductores, expresaban su preocupación por la negativa al pago de algunos profesionales por parte de la dirección de administración y financiera. Sostienen que es una situación injusta porque deja al perito traductor sin una posibilidad incierta de cobrar.
Luis Cabral explicó que hay un procedimiento, que está muy aceitado, donde “si el traductor no es perito de parte, el pago de los honorarios corresponde al Poder Judicial” y sostuvo la necesidad de pedir un informe detallado de la actividad aunque advirtió que la presentación del Colegio de Traductores “no es muy clara”.
Por su parte, el Administrador General, Hugo Borgert dijo que “existía una necesidad en el pago de honorario porque el pago era solicitados por ellos” y sentenció que vamos a preparar un informe al respecto”. Aclarando que si es pedido por el juez se paga.
A su turno, el consejero-abogado Santiago Montaña, expresó que en la mayoría de los casos “el traductor es solicitado por el juez y queda en la cabeza del Poder Judicial el pago de honorarios”. Es por ello que dio el visto bueno hacia un posible establecimiento de un “honorario orientativo”.
La pregunta que quedó flotando es que si en vez de gastar importantes cifras en el pago de honorarios, que son predominantemente para traducciones desde el inglés, por qué no se forma un cuerpo de traductores oficiales, que generaría un ahorro sustantivo en las cifras que se vienen erogando, fundamentalmente en la Justicia en lo Federal y en lo Penal Económico. Según datos que surgen de las liquidaciones de los peritos designados de la lista de traductores, el precio sugerido por una traducción ronda los 600 pesos la hora.
En otro orden de cosas, se dio a conocer la posibilidad de incorporar en el presupuesto –ya que no estaba previsto- la compra de un inmueble para poder así habilitar el juzgado federal Nº 2 de Resistencia, Chaco. Es que se firmó un convenio con el gobernador de aquella provincia, Jorge Capitanich, para adquirir el inmueble valuado en 160 mil pesos.
Participaron de la reunión semanal, Miguel Gálvez, quién estuvo al frente de la reunión ante la ausencia del presidente de la comisión Marcelo Fuentes, Luis María Cabral, Héctor Masquelet y Carlos Kunkel.