El Senado debate esta semana un proyecto y tratará una iniciativa que busca la preservación de sitios de Memoria del Terrorismo de Estado.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta tratará esta semana un proyecto de ley que propone incorporar al artículo 80 bis del Código Penal la figura del genocidio.
La iniciativa, presentada por la senadora Graciela Di Perna, platea realizar los cambios en el Primer Capítulo "Delitos contra la Vida" del Título I del Libro Segundo de la ley 11.179.
El texto propuesto, registrado bajo el expediente S-2867/10, establece que será reprimido con "prisión o reclusión de 15 a 30 años con más las accesorias de inhabilitación especial por tiempo indeterminado quien con la intención de destruir en forma total o parcial a un grupo de seres humanos, caracterizado por razones de raza, etnia, nacionalidad, religión o creencia, opción política o sexual, situación económica o estado de salud, cometa u ordene la realización de ciertos delitos".
Los actos enumerados como delitos contra la vida en este artículo son: "a) matanza de miembros del grupo; b) agresión sexual o lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) deportación masiva con carácter arbitrario; y f) traslados por fuerza o engaño de niños del grupo a otro grupo".
La sanción podrá aumentarse hasta 35 años si el responsable de cualquier acto fuere un funcionario público, miembro de las Fuerzas Armadas o miembro de las Fuerzas de Seguridad. Será sancionado con la pena correspondiente a la tentativa la incitación pública y directa a la comisión del delito, siempre que el hecho no llegue a consumirse. Asimismo, las penas podrán ser elevadas "a perpetua" si del resultado de los hechos previstos se desprende la muerte de una o más personas.
En esta semana se prevé continuar con las reuniones de senadores y asesores en las que se escucharán las opiniones de distintos especialistas en la materia, entre quienes se encuentran académicos, juristas, investigadores y sociólogos.
En comunicación con medios radiales chubutenses, la senadora Di Perna señaló que “esto va a permitir ser más justos en la aplicación de las penas”. “En nuestro Código Penal no existe esta figura, todos los autores de las distintas masacres en la época de la dictadura han sido condenados bajo la figura de homicidas y no de genocidas”, señaló Di Perna, y continuó: “La incorporación de esta figura orientada a los delitos cometidos hacia distintos grupos políticos, religiosos y étnicos encuadra toda una cantidad de delitos que no se tenían en cuenta en nuestros Código".
La legisladora agregó que “se busca mejorar lo que sea necesario para su pronto tratamiento en el recinto". "Los senadores que forman parte de las respectivas comisiones están trabajando y hay una buena aceptación del proyecto, de manera que tengo la expectativa de que esto pueda ser tratado a la brevedad”, sostuvo.
En abril de 1956, Argentina ratificó la Convención para la Sanción y Prevención del Genocidio a través del decreto-ley 6286. Y en esta línea, desde la última reforma de la Constitución en 1994, se le otorgó jerarquía constitucional a la Convención en el inciso 22 del artículo 75.
"Respecto de Argentina al menos en dos oportunidades nuestro territorio fue testigo de tan graves actos. La primera data recién de principios de este siglo y la otra supera apenas las dos décadas. Tal vez si este proyecto se hubiese llevado a cabo mucho tiempo antes, el juicio a las Juntas, momento en donde el objetivo primordial de la democracia era defender la justicia, no hubiese consistido en el juzgamiento interminable de una serie de delitos, y se hubiese simplificado desde el aspecto jurídico", concluyó la senadora en los fundamentos del proyecto.
Terrorismo de Estado
A la par, la Comisión de Derechos y Garantías del Senado debate esta semana el proyecto de ley en revisión sobre preservación, señalización y difusión de sitios de Memoria del Terrorismo de Estado. La iniciativa CD-14/10, que pertenece al diputado nacional Roy Cortina, busca declarar "Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado" a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal llevada adelante hasta el 10 de diciembre de 1983.