El Senado estudia una mejor salud mental

La Cámara Alta debate esta semana el proyecto de ley que tiene por objetivo asegurar el derecho a la protección de la salud mental de los 25 mil pacientes internados y establece un piso de garantías que además ubica al país en sintonía con los tratados internacionales. A pesar de las críticas, el dictamen fue aprobado por la Comisión de Salud para que permita su tratamiento en sesión.

Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y, aunque hay matices, las distintas fuerzas acordaron llevar al recinto el proyecto y convertirlo en ley.

La norma plantea el derecho a una atención integral, comunitaria y gratuita, en base a la opción menos restrictiva de tratamiento (se desalienta la internación indefinida). Asimismo, propone que sean equipos interdisciplinarios los encargados de atender la salud mental.

En un colmado salón Eva Perón, las comisiones escucharon, durante cuatro horas, las opiniones de un importante número de especialistas y representantes de organizaciones sociales en relación con el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados y con otras seis iniciativas sobre salud mental.

El primero en hacer uso de la palabra fue el juez de Cámara de San Martín, José Russo. Este expresó: "Se generó una deuda muy grande para nuestros enfermos mentales; no existe hasta ahora una ley marco de salud mental". Luego, declaró que "el proyecto merece muchas observaciones". "No considero que tal cual está pueda ser sancionado porque generaría graves conflictos. Primero, porque si bien la materia del los derechos personalísimos permitiría que se abordara esta cuestión, en principio hay dos aspectos que deben ser mencionados: incursiona ampliamente en aspectos particulares que son privativos de las legislaciones provinciales y otro es la virtual exclusión o no del poder judicial", explicó.

Criticó además la idea de la creación del Fuero de las Capacidades de las Personas (internaciones siquiátricas, insania, etcétera), en el cual se busca que "tuvieran equipos interdisciplinarios como en lapProvincia de Buenos Aires". "Es muy difícil trabajar interdisciplinariamente", opinó.

En segundo lugar, fue Marcelo Torino, vicedecano de la Facultad de Medicina de la UBA, quien remarcó algunos problemas del texto proyectado. "El objetivo de la ley adolece de precisiones, el proyecto no cubre lo referente a las personas que sufren los trastornos una vez condenados, sólo habla de prevención; además, el hablar de ´padecimiento mental´ es impreciso y hasta peligroso: una persona que vive en condiciones precarias o sin trabajo, tiene sin lugar a dudas un padecimiento mental, pero esto no debe conducir a un tratamiento por ´salud mental´, sino a brindarle otro tipo de ayuda", señaló. "Se corre el riesgo de patologizar las carencias sociales", añadió.

Profesionales de la salud y del derecho continuaron con críticas a la iniciativa por “inaplicable” y reclamaron un mayor tiempo de transición y más presupuesto. Durante la reunión plenaria se apuntó que el 80 por ciento de la totalidad de los pacientes internados ya tiene más de 1 año desde su ingreso a los institutos de salud mental.

A su turno, el presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina, Alfredo Cía, cuestionó que la ley establezca que los pacientes sean atendidos en los hospitales comunes. "Habría que preparar a la atención primaria para detectar los posibles problemas mentales de sus pacientes para que puedan derivarlos", expresó. Luego enumeró una serie de tópicos a tener en cuenta: "a) la realidad sanitaria; b) no hay que cerrar los centros monovalentes sino reconvertirlos; c) no hay que clausurar instituciones".

Luego tuvo la palabra el presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Eduardo Aguirre Obarrio, quien se manifestó preocupado por el rol de los magistrados. "Se está imponiendo la necesidad de la pericia, los proyectos proponen en su mayoría una vuelta al viejo sistema sustituyendo el criterio de los jueces por el de los peritos", dijo.

Por su parte, Carlos Saavedra, presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, puso a debate la definición trabajada sobre "interdisciplinar" y lanzó: "No es una suma de saberes, sino se trata de la intersección de ciencias o disciplinas conjugadas en un nuevo saber". Luego apeló a crear un órgano judicial imparcial que actuara según los mandamientos de las Naciones Unidas en la materia y bajo los procedimientos propuestos.

Eugenio Nadra, representante del Consejo Asesor Científico de Sedronar, enunció que pretende asociar a los psiquiatras con la industria farmacológica. “Dicen que están a favor del monopolio de los grandes laboratorios”, agregó. Más tarde, denunció que la Asociación Civil Intercambios envió a los docentes del país un libro auspiciado por el Ministerio de Educación en el que se haría apología del uso de las drogas. Esto fue luego refutado por varios senadores oficialistas quienes explicaron que el libro usa el lenguaje de los jóvenes y esquematiza la explicación a partir de preconceptos.

A la par, la coordinadora Equipo Argentino de Trabajo Psico-social, Diana Kordon, fue dura al describir que "los detenidos de la dictadura equivalen a los encerrados en los manicomios".

En tanto, la iniciativa fue apoyada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por especialistas en salud mental. La representante del CELS, Andrea Pochak, remarcó que el proyecto de ley es un cambio de paradigma y reclamó hablar de personas y no de pacientes. "Esta ley es un modelo, dejémosla andar", clamó ante los senadores y especialistas.

En último lugar, disertó en representación Asociación de Médicos Municipales Jorge Gilardi, quien se manifestó preocupado por la aplicación de la pensada ley: "No es fácil buscar definiciones universales. La ley merece un debate distinto. Hay que trabajar para los pacientes y no para las bibliotecas".