Brevatas

El STJ de Formosa califico de “gravedad institucional” lo ocurrido en la represión a la comunidad Toba Qom

La represión policial que tuvo lugar días atrás en la ruta 86, a 4 kilómetros de Laguna Blanca, provincia de Formosa no escapó al pronunciamiento del máximo tribunal provincial. El STJ de Formosa expresó el profundo dolor por la muerte violenta de los dos formoseños, aunque calificó de “gravedad institucional… la obstrucción al legítimo ejercicio de las facultades que la Constitución y la legislación vigente asignan a los magistrados judiciales en cuanto es de su exclusiva función la interpretación y aplicación de las leyes”. Esto lo realizó mediante Acuerdo de ministros realizado esta semana, donde además ponen a disposición del juez de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda, Santos Gabriel Garzón todos los medios materiales y humanos que requiera para la dilucidación del caso que se encuentra bajo su exclusiva investigación. En el caso, sostiene un comunicado del Superior Tribunal, “el juez Julio Mauriño y efectivos policiales que lo secundaban, no pudieron llevar a cabo el allanamiento a un inmueble rural de la zona porque los aborígenes apostados en la ruta 86 frenaron con un piquete el avance de la comitiva impidiendo que llegara al campo de la familia Celias donde el juez debía realizar una diligencia que dispuso en dos actuaciones judiciales por un incidente ocurrido el mismo día pero en horas de la mañana. Fue en estas circunstancias cuando se desató el enfrentamiento donde el oficial de Policía cayó moralmente herido frente al juez Mauriño, quien quedó atrapado en medio del incidente corriendo riesgo su propia vida”. Cabe recordar que el reclamo de la comunidad Toba Qom de “La Primavera” (de más de 200 personas) lleva cerca de 4 meses y tiene por objetivo lograr la visibilidad en el pedido de tierras comunitarias y su personería jurídica. El referente de la Comunidad, Félix Díaz, expresó a Radio El Arka de Bariloche el origen del conflicto: “El pedido nuestro es la devolución de nuestras tierras, que fueron expropiada en 2007 por el gobierno de la provincia. A una familia criolla de la zona le habían cedido 2.042 hectáreas por medio de un decreto del año 40”. En un comunicado conjunto, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre y el Instituto de Relaciones Ecuménicas pidieron a las autoridades provinciales “el cese de la represión y persecución, el respeto a los derechos ancestrales de los pueblos originarios a la tierra regidos por convenios internacionales” y reclamaron al gobierno nacional que garantice “una investigación independiente”. Por su parte, la Defensoría General de la Nación sostuvo mediante un comunicado que “distintos organismos están evaluando acudir a instancias internacionales para la protección de los derechos violados, en virtud de la gravísima situación provocada”.

Cristina Fernández pidió terminar con la “industria del juicio”

La Presidente Cristina Fernández de Kirchner se mostró este jueves a favor de retomar la discusión en torno a una nueva ley de riesgos del trabajo para poder terminar con la “industria del juicio”. “Sé de qué hablo, sé que esto me va a valer la crítica de algunos colegas porque soy abogada”, sostuvo la primera mandataria en un discurso que ofreció este jueves en un acto organizado por la Federación Argentina de Entidades Empresariales del Transporte de Carga (FADEEAC). Además, la jefa del Estado se refirió a la película “Carancho”, a la que calificó como “un excelente filme donde muestra el trasfondo, el submundo de lo que significa el aprovechamiento de las desgracias, o de la pérdida de algo para sobre eso montar una empresa, no para darle al que sufrió la pérdida que recibe sino para todos los intermediarios”. En ese sentido, arremetió contra los que “lucran con la desgracia”.

Confirman la suspensión de la cláusula de desinversión de la ley de medios

La Justicia ratificó este viernes la suspensión del artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales (Ley 26522), conocida como “cláusula de desinversión”, que frena la obligación para el Grupo Clarín de desprenderse de señales de TV por cable y radios y rechazó fijar un “plazo razonable” para su duración. La medida fue dispuesta por el juez en lo Civil y Comercial Federal Edmundo Carbone, quien rechazó un planteo del Estado Nacional que reclamaba el levantamiento de la medida cautelar que mantiene suspendido ese artículo. Además, Carbone descartó que el Grupo Clarín ejerza una posición monopólica en el ámbito de las comunicaciones. “Del propio escrito de la demandada (el Gobierno) surge que la actora tendría una participación de casi el 57 por ciento en el sector, lo que dista bastante de constituir un monopolio, ya que según sus propios dichos habría más del 43 por ciento en otras manos, lo que excluye cualquier idea de concentración monopólica”, consigna la sentencia.