La Cámara de Diputados logró la media sanción para prorrogar las ejecuciones hipotecarias previas a enero del 2002. Por otra parte, no pudo terminarse el debate por el reparto de la publicidad oficial.
En lo que fue su última sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados aprobó prorrogar las ejecuciones judiciales sobre deudas contraídas antes de enero del 2002, y reformas en el INDEC. No obstante, aunque comenzó el debate por la regulación de la Pauta Oficial, esté quedó trunco por falta de quórum.
En cuanto a las ejecuciones judiciales, los diputados dieron media sanción a la suspensión de aquellas generadas por deudas contraídas con anterioridad a la sanción, en enero del 2002, de la Ley 25.561 de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. La suspensión, que será por 180 días, fue aprobada con 212 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.
“Este proyecto tiene que ver con un planteo que desde hace mucho tiempo vienen haciendo los deudores hipotecarios, tanto los de preconvertibilidad como los de posconvertibilidad. Los primeros son los que estuvieron en situación complicada cuando se privatizó el Banco Hipotecario, y los segundos tienen que ver con la crisis de 2001”, explicó María Reyes (CC) durante la sesión.
Para Eduardo Macaluse (SI) el proyecto “es lo menos que se puede hacer para mitigar la situación de numerosas familias que se podrían quedar sin su vivienda” ya que consideró que el Congreso se “está retrasado en la resolución del problema de fondo”. Nélida Belous (Social Patagónico), autora del proyecto, expresó en la misma línea: “a nosotros nos queda la responsabilidad de seguir con las discusiones hasta llegar a una solución definitiva para que no quede ni una sola familia con el riesgo de perder su vivienda única”.
La media sanción aprobada contempla a las deudas originadas en contratos mutuos hipotecarios contraídos con la finalidad de “adquirir, mejorar, construir y/o ampliar la vivienda única, familiar y de ocupación permanente” y “cancelar mutuos constituidos originalmente para cualquiera de los destinos mencionados en el inciso anterior”. Además, esos contratos deben haber sido celebrados con anterioridad a la sanción de la Ley 25.561 y que el objeto de la ejecución lo constituya la vivienda única del deudor y/o su familia.
Ya que, tal y como lo mencionó Belous, “la vivienda única está por encima de la cuestión de la propiedad. Aquí el tema no pasa por pensar que unos tienen más derechos que otros sino que una familia no puede quedar en la calle”.
Por otra parte, se aprobó la reforma del INDEC, aunque con modificaciones a la media sanción que provenía del Senado, por lo que no se convirtió en ley todavía. La votación fue 131 afirmativos y 98 negativos. Las modificaciones que se le realizaron a la media sanción se basan en la incorporación de dos artículos, tal y como lo explicó Silvana Giudici (UCR), que “tienen que ver con la estabilidad laboral y con la restitución inmediata de credibilidad al organismo”.
“La sanción del Senado establece distintas consideraciones, le da un estatus de ente descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía, crea un Consejo Federal de Estadística y Censo, fija la elección de las autoridades por concurso y también faculta a una comisión bicameral para la designación de esas autoridades”, explicó Giudici durante la sesión.
Una de las modificaciones se realizó en el articulo 16 donde se establece que con el “nombramiento del director interventor del instituto” se dispone “el cese en las funciones que desempeñan de la directora y del director técnico del INDEC y de quienes ostensiblemente hayan estado involucrados en acciones intimidatorias y de hostigamiento al personal del organismo”. “Esta modificación va centralmente dirigida a desplazar a la patota de Moreno del organismo”, concluyó la diputada radical.
Un debate trunco
Tras la aprobación de estas dos iniciativas, los legisladores se dispusieron a tratar la regulación de la Publicidad Oficial. Se pudieron escuchar aseveraciones tales como la calificación de “vergonzosa” a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de Fernando Iglesias (CC) y la mención como “ilegitima” de los foros que se realizaron por todo el país. “Los medios oficiales no son de comunicación estatal sino de propaganda de este gobierno, y los medios privados están sometidos al chantaje permanente de la pauta publicitaria y a la amenaza de expropiación a través de los capitalistas amigos del gobierno”, dijo.
Por su parte, Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), que presentó un dictamen en minoría, consignó que la “la publicidad oficial es una herramienta de gestión y gobierno” ya que “tiene que ver con el perfil y con los criterios de quienes han sido elegidos para gobernar”. Razón por la cual “no tiene que estar en cabeza de la oposición” porque “si uno quiere administrar el estado, tiene que ser elegido para serlo”. “El Congreso no administra al Estado”, concluyó.
Sin embargo, y más allá de la presentación de algunas posturas, el debate no pudo terminar por falta de quórum y deberá seguir el año que viene. A no ser que se logre realizar alguna sesión extraordinaria, tal y como pretenden algunos diputados de sectores de la oposición.