04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

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Un juez laboral ordenó reincorporar en su cargo a Marcela Almeida, una funcionaria que fue desplazada en 2007 luego que Beatriz Paglieri reemplazara a Graciela Bevaqua al frente del Indice de Precios al Consumidor (IPC, el área la primera se desempeñaba. Además exhortó a que la indemnicen con 40 mil pesos.

El magistrado Osvaldo Rappa, a cargo del juzgado laboral Nº 3, dispuso la reincorporación de Marcela Almeida, quien se desempeñaba desde 2003 como coordinadora del Índice de Precios al Consumidor, pero en 2007, tras la llegada de Paglieri, se le bloqueó la clave de acceso a su computadora y luego se le quitó su escritorio de trabajo.

El magistrado coincidió con la actora en que la contratación fue “fraudulenta”. Almeida entró al Indec por un convenio de cooperación entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y organismo de estadísticas y censos en 2003.

El juez Rappa enfatizó que los testigos coincidieron en señalar que el lugar de trabajo donde se desempeñaba Almeida (el 3º piso de las oficinas del Indec) “fue reestructurado, que le sacaron su computadora y su password y que la oficina de la actora ahora es una delegación” de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Uno de los testigos contó que Almeida es delegada de la junta interna de ATE en el Indec, que fue electa para la Asociación de Trabajadores del Estado del Indec, algo que fue reconocido por Paglieri.

El magistrado añadió que ni el Ministerio de Economía ni el Indec aportaron pruebas que “permita[n] justificar los mentados cambios de las condiciones laborales de la actora, por lo que corresponde declarar inválida toda modificación operada en su puesto de trabajo y ordenar que sea repuesta en la misma función que desempeñaba”, dispuso el juez.

La sentencia, que tiene fecha 13 de diciembre pero fue dada a conocer este martes, condena al Estado a indemnizar en 40 mil pesos a Almeida por daño “material e inmaterial”. El juez Rappa sostuvo, en relación con el despido, que hay “indicios suficientes” que “dan cuenta de una discriminación por su carácter de Delegada Gremial y ante el conflicto habido durante el año 2007 en el sector IPC”.



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