La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado presentó el informe sobre el 2010. Los detalles de un año en el que hubo 111 condenados y 18 juicios orales en todo el país están en pleno trámite.
En su informe de gestión, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad destacó el hecho de que durante el 2010 su trabajo comenzó a centrarse en la etapa de juicio. Se trata de un año en el que hubo 111 condenados por delitos de lesa humanidad y están en proceso 18 juicios orales en distintos puntos del país.
En cuanto a los datos, la Unidad Fiscal toma como referencia “la cantidad de personas con al menos un auto de procesamiento dictado en su contra”. En este sentido, “al terminar el año 2009 existían 634 personas procesadas”, lo que aumento a 783. De esos 873, “377 ya tienen al menos una causa en etapa de juicio” y hasta octubre de 2010 “existen requerimientos de elevación a juicio de 154 personas (procesadas)”.
Cabe recordar que el informe de la Unidad se realizó hasta octubre, por lo que hay varios datos que se verán modificados por las recientes condenas a Videla y otros, sentenciados recientemente en Córdoba. El informe destaca que de los 131 condenados que existen hasta el momento, sólo 41 de ellos registran condenas firmes (este dato sigue igual hasta noviembre según sostiene la Unidad en su página web).
Aunque el principal motivo de presentar estos datos es lo que sostiene el informe como la causa de que las condenas se encuentren todavía no firmes. Los condenados tienen sus sentencias en instancias de revisión, tanto ante la Cámara Nacional de Casación Penal como la Corte Suprema, tal y como lo sostiene el informe. “El seguimiento de los recursos frente a las sentencias dictadas por los tribunales orales indica que existen importantes demoras, particularmente en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal”, indica el escrito.
Otro punto interesante que el trabajo de la Unidad destaca es el comienzo del tratamiento particular de los casos de apropiaciones de niños durante la dictadura. Se sostiene que “esta clase de investigaciones presentan aristas y obstáculos especiales que justifican el aporte de soluciones ad hoc, en muchas cuestiones diferentes a las ideadas desde la Unidad para el resto de los casos imputables al terrorismo de Estado”.
Asimismo, se explica que “esta especificidad, sumada a las obligaciones internacionales asumidas en la materia, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema y las nuevas reformas legislativas sobre problemas fundamentales concernientes a la temática fueron elementos determinantes en la evaluación de la conformación de este grupo de trabajo especial y le dieron contenido a la labor diaria de la unidad en este aspecto”.
Cárcel común para los represores
Es uno de los principales pedidos de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, el informe posee datos que no acompañan este deseo, por lo menos en el período de prisión preventiva de los imputados mayores de 70 años de edad. “El 58% de los detenidos son personas menores a los 70 años. El 42% restante son personas que tienen 70 o más años. El 68% de los detenidos mayores a 70 años está en situación de arresto domiciliario”, consigna.