Otras dos nuevas resoluciones fueron elaboradas por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El organismo ahora apunta a las operaciones bursátiles que superen los 40 mil pesos.
La Unidad de Información Financiera elaboró dos nuevas resoluciones en las que estableció medidas y procedimientos para luchar contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Se trata de las resoluciones 32/2011 y 33/2011, que llevan la firma del titular del organismo José Sbatella, y que apuntan a las operaciones bursátiles y a las que se realicen en el sector de seguros.
La primera de las resoluciones es la que se aboca al sector de seguros -32/2011-. Allí se actualizó la normativa de las empresas aseguradoras, los productores, asesores, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores cuyas actividades estén regidas por las leyes Nº 20.091 y 22.400.
El nuevo régimen ordena que, en los casos de Seguros de Vida, si la prima única o las primas anuales pactadas resultan iguales o superiores a 40 mil pesos, deberá requerirse “una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos, y la correspondiente documentación respaldatoria”. Asimismo, “en el momento de efectuarse cualquier pago de primas que supere el monto de 40.000 pesos dentro de un año calendario, se requerirá información adicional y documentación, si éstas no hubieran sido solicitadas cuando se contrató la póliza”. Procediendo de igual manera si el cliente solicita una liquidación de un rescate total o retiro parcial, siempre y cuando se supere el monto de 40 mil pesos.
Otro punto en el que hace hincapié la resolución es en el momento de de abonar un siniestro o indemnización por un monto igual o superior a 50 mil pesos “cuando quien percibe el pago es el mismo asegurado”, deberá cumplir con requisitos especiales como la presentación de la declaración jurada.
En cuanto a la otra resolución – 33/2011- la UIF estableció medidas para las operaciones bursátiles que superen los 40 mil pesos. Así, los operadores deberán requerir al cliente “la presentación de una declaración jurada referida al origen y licitud de los fondos, bienes o activos con que se realiza” la operación. Adicionalmente, exigirán documentación respaldatoria si las sumas involucradas equivalen o superan los 200 mil pesos.
Además se implementaran procedimientos de identificación reforzada y recaudos especiales en casos que generen señales de alarma como aquéllos en que se presuma actuación por cuenta ajena, uso de empresas pantalla o vehículo o, por ejemplo, cuando las operaciones involucren países o jurisdicciones considerados paraísos fiscales.
El sector bursátil incluido en la norma es el integrado, entre otros, por agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, operadores del mercado abierto electrónico e intermediarios en transacciones con títulos valores.