La Justicia platense ordenó al Estado provincial mejorar las condiciones dentro del penal. Deberán garantizar agua potable, realizar reparaciones edilicias y proveer a los internos de medicamentos y una dieta adecuada. En 2005, hubo allí un motín que dejó más de 30 muertos.
El juez de Garantías de La Plata Guillermo Federico Atencio hizo lugar a un hábeas corpus en favor de internos de la Unidad 35 de Magdalena y ordenó al Ministerio de
Justicia y Seguridad bonaerense proveer de agua potable y realizar reparaciones edilicias en el penal.
Además, impuso al gobierno que brinde medicamentos a los internos y una dieta alimentaria adecuada a un preso celíaco y a otro con HIV, quienes no reciben lo
recetado por los médicos.
La medida dispuesta por el juez fijó un plazo de 30 días para que se realicen las reparaciones en el sistema de provisión de agua potable y de cloacas.
En octubre de 2005, en la cárcel se vivió el peor de los incidentes en 15 años en la historia de los penales, cuando una trágica revuelta dejó un saldo de 32 presos muertos y varios heridos. Esa noche, todos fallecieron por asfixia al quedar atrapados tras la quema de colchones.
Según los medios locales, desde el Comité explicaron que la presentación se realizó luego de recibir llamados de varios internos que denunciaron el agravamiento de sus condiciones dentro del penal.
“El hacinamiento, el colapso de las cloacas, la escasa y mala alimentación y la carencia de agua potable dificultaban la convivencia de los 54 detenidos alojados en un pabellón con capacidad para 26”, difundieron en un comunicado.
Atencio constató las denuncias y dio un plazo de 30 días para que las autoridades correspondientes resuelvan la situación. Ordenó “la correcta provisión de agua potable
al pabellón; la reparación de filtraciones, del tendido eléctrico y de todo aquello que hace al sistema sanitario”.