Fuentes judiciales confirmaron a Diariojudicial.com que la magistrada rechazó los argumentos iniciales, y le pidió al fiscal que “funde” los motivos para citar como sospechoso a Antonito, que sigue en Miami acompañando a su novia, la cantante colombiana Shakira.
A pesar del hermetismo de las actuaciones en manos de la Fiscalía Federal 5, pudo saberse que el fiscal insistió con el pedido basándose en argumentos utilizados por la propia juez en el auto de procesamiento con prisión preventiva del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos.
En ese escrito, la juez valoró la declaración testimonial de Gonzalo Javier Guerrero, un periodista de la revista “3 Puntos”, quien en una nota relató detalles de una reunión entre Fernando De la Rúa, su hijo Antonio y varios ministros del gobierno que enfrentaba su última tarde. En el expediente, Guerrero dijo que en esa reunión Antonito le dijo a su padre que “no debía renunciar y que lo ideal era que los peronistas los tuviesen que echar, para quedar de esa forma en la historia como Illia”, (en referencia al ex presidente radical depuesto por un golpe militar). Según el relato, Gallo le contestó que “ya había cinco muertos , y si esto sigue nos van a matar a todos”.
Como adelantó este diario la semana pasada, los investigadores consideran importante de verificar en qué momento las máximas autoridades del gobierno supieron que había muertos por la represión policial, porque de este dato “podrían desprenderse nuevas imputaciones”.
De cualquier forma, la juez ya adelantó que antes de citar a Antonito, va a citar al ex presidente De la Rúa y al ex ministro del Interior, Ramón Mestre, en dos declaraciones indagatorias que aún no tienen fecha.
Piden aclaraciones
Los querellantes agrupados en la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) presentaron un pedido de “aclaratoria” sobre la situación del procesado ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos.
Para los abogados, que representan a la familia de una de las victimas fatales, Juan Carlos Almirón y a un grupo de heridos graves y personas que sufrieron diversos maltratos policiales, la resolución de la juez Servini es “autocontradictoria” porque resuelve sólo respecto a la privación ilegal de la libertad de un centenar de manifestantes “tendiendo un manto de silencio sobre los que más repulsa social produjeron”, dicen los abogados, en referencia a las cinco muertes producidas que dejó la dura embestida de la policía.
Para la CORREPI y la LADH, “es indiscutible” que Santos “resulta penalmente responsable como coautor por la muerte de Carlos R. Almirón, las heridas graves y los tormentos que –denuncia- recibieron algunos detenidos en dependencias policiales.
“No hay en el auto en cuestión un renglón que refiera a los resultados más gravosos de las conductas criminosas investigadas”, dicen los querellantes, quienes además hacen hincapié en el concepto de la “responsabilidad funcional” para imputar por los crímenes a toda la línea de la cadena de mandos “desde el Presidente de la Nación y el Ministro del Interior hasta los comisarios jefes, pasando por el Secretario de Seguridad Interior y el Jefe de Policía” todos “funcionarios jerárquicos del PEN y de la PFA con específicos roles en las distintas esferas de la seguridad interior de la República”.
Además, los querellantes indicaron que es “prematuro” el planteo de la juez en torno a la responsabilidad de la primera plana de la Policía Federal y los jefes de las circunscripciones y comisarías con jurisdicción en el lugar de los hechos, a quien la magistrada les dictó la “falta de mérito” en la causa por entender que la responsabilidad de los que dispararon contra los manifestantes no puede trasladarse a sus jefes. “No puede a esta altura de la investigación afirmarse dogmáticamente que los hechos concretos cuyos autores materiales están siendo investigados en la causa conexa respondieron al obrar exclusivo de los que actuaron por mano propia”, se afirma en el escrito.