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"Instruir a los fiscales con competencia penal que integran este organismo para que en los casos en los que se investigue la presunta comisión de un delito en el marco de una situación en la que no pueda descartarse, ab initio, una eventual responsabilidad activa, omisiva, dolosa o culposa de uno o más miembros pertenecientes a la fuerza de seguridad encargada de realizar las pesquisas, dispongan o soliciten su apartamiento de la investigación y, en su lugar, designen o soliciten la designación de otra fuerza que reúna las condiciones de imparcialidad e idoneidad requeridas para la tarea."

Esas son las disposiciones de la Resolución 10/2011 de la Procuración General, que establece de esta forma una normativa que, según aseguraron a DiarioJudicial.com desde el Ministerio Público Fiscal, pone marco a una práctica que en realidad ya era llevada adelante por muchos  fiscales.

"Algunos ya lo ponían en práctica, pero no había ninguna normativa establecida, no existía ninguna disposición de la Procuración o instrucciones al respecto", aseveró Ernesto Iglesias, prosecretario letrado de la Fiscalía de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios, órgano desde donde se generó el proyecto.

"La motivación para realizar la iniciativa fue elaborar una idea que ponga un marco a la actividad de los fiscales, generar medidas que tiendan a brindar más eficacia para la investigación y trasmitir un mensaje de mayor confianza para la sociedad ", contó Iglesias.

Y agregó que "estamos mirando la realidad, vemos las quejas, lo que pasa en los casos, la relación con las fuerzas de seguridad y tratamos de hacer algo en consecuencia", para referirse a los motivos de esta y otras resoluciones.

Pero esta disposición también implica la posibilidad de que las fuerzas de seguridad no investiguen hechos dentro de su propia fuerza que luego tomen estado judicial, lo que podría implicar la baja de denuncias de hechos ocurridos en su jurisdicción para no perder el control de la investigación.

Al respecto, desde una Fiscalía de Primera Instancia opinaron que "no creen que esta situación se suscite ya que no suelen presentarse este tipo de contradicciones o problemas en las fuerzas de seguridad".

Asimismo agregaron que "la resolución vino a reconocer una situación de hecho, algo que ya se daba con anterioridad".

El fiscal Gerardo Di Masi opinó que "durante el tiempo que la resolución estuvo puesta en práctica no tuve tiempo de percibir una diferencia en mi accionar, nunca tuve ningún problema con las fuerzas de seguridad, no tuvimos ningún grado de sospecha sobre su accionar en causas que nos tocó manejar".

También contó que "en algunos casos hacemos cambios pero no de fuerza, sino de áreas que pueden entender mejor los casos. Por ejemplo, un caso que lleve adelante una comisaría se lo derivamos a una división especializada, para brindar mayor efectividad al proceso".

Por último, destacó que "la medida tiene un buen criterio, es algo que reafirma un conocimiento que ya poseemos sobre el hecho de realizar cambios cuando una fuerza está sospechada de algo".

Ernesto Iglesias  no cree que las fuerzas estén condicionadas por esta medida. "Si fuera así no se investigaría nada, no creemos que la resolución tenga este lado negativo. En última instancia los fiscales evaluarán las características de cada caso, pero no se puede asegurar que las fuerzas van a operar de otra forma por esta iniciativa", precisó.

Casos "ensuciados"

En 2002, cuando Ezequiel Demonty volvía a su casa después de salir a bailar, cuando fuerzas policiales lo detuvieron a él y a dos amigos. Fue por una denuncia sobre un presunto robo de bicicleta.

Fueron llevados en patrullero hasta la orilla del Riachuelo, donde los efectivos le preguntaron a Demonty si sabía nadar, y ante la respuesta negativa, le dijeron: "Bueno, ahora vas a aprender". El joven murió ahogado.

Este caso es uno de los más representativos con respecto a la temática que aborda la resolución de la Procuración General, que propició un traspaso de competencia entre la Policía Federal y Gendarmería para que actúe como fuerza investigadora auxiliar en el caso en particular.

En otro hecho más actual, la muerte de Mariano Ferreyra implicó nuevamente una asignación de fuerzas de seguridad diferentes de las que habían actuado al momento de los hechos.

El joven murió cuando en medio de disturbios durante una manifestación del Partido Obrero y empleados tercerizados de ferrocarriles, recibió un balazo que llegó desde el margen donde se encontraban miembros de la Unión Ferroviaria.

En esta causa, nuevamente, Gendarmería tomó la posta para realizar las investigaciones y peritaciones del caso.