Brevatas

Ayuí: la Corte rechazó la intervención de terceros por estar "agotado" el objeto del pleito

La Corte Suprema de Justicia rechazó la intervención en calidad de terceros coadyuvantes que solicitaron dos individuos con el fin de aportar prueba sobre un posible daño ambiental derivado de la construcción de la represa Ayuí en la provincia de Corrientes. En el caso, el Estado Nacional había iniciado un amparo contra la provincia de Corrientes, con la finalidad de que se le haga entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto abiental, relacionados con el proyecto de construir una represa sobre el Arroyo Ayuí, situado en las proximidades de la localidad de Mercedes. La finalidad de esta solicitud era que las áreas competentes del Estado Nacional evaluaran, en el marco de las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay de 1975, si correspondía informar al Estado coribereño, por intermedio de la Comisión Administradora (CARU), de la existencia del emprendimiento. La Corte ya se había pronunciado sobre la solicitud de la Nación y había ordenado que se le entregaran los antecedentes requeridos para que en un plazo de 90 días corridos valorara si las obras concernientes al Proyecto Productivo Ayuí Grande se encontraban alcanzadas por el Estatuto del Río Uruguay. El Estado Nacional retiró la documentación acompañada por la provincia de Corrientes, y una vez valorada, decidió no comunicar a la CARU la existencia del proyecto. Lorenzo Olalla y Gabriel Link se presentaron en el proceso para ser incorporados a través de la figura de intervención de terceros coadyuvantes. El objetivo de esta petición era aportar pruebas: estudios que según los interesados habrían sido realizados en la zona de la represa del Arroyo Ayuí. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que por estar "agotado" el objeto del proceso no era viable la solicitud formulada por Olalla y Link de intervenir como terceros. El tema se resolvió en forma unánime con el voto de los ministros del Alto Tribunal Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

Bergman no podrá figurar como rabino en las elecciones

El Tribunal Superio de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido realizado por la alianza PRO para que, en su boleta, figure "Rabino" junto al nombre de Sergio Bergman y que se incluya la foto de Cynthia Hotton en la de Valores Para mi País. Los cuestionamientos a la iniciativa habían sido realizados por el Frente para la Victoria, el Partido Autonomista y el Frente Juntos por la Ciudad. El presidente del órgano judicial, Luis Francisco Lozano, aseveró en su voto que “muy probablemente el hoy candidato Sergio Alejandro Bergman es más vastamente conocido como el ‘rabino Bergman’ que como ‘Sergio Alejandro Bergman’, pero eso no convierte el atributo ´rabino´ en un nombre propio, que es lo que la ley permite utilizar en la boleta electoral”. También consideró que “ni el partido político que lo lleva como primer candidato a diputados por la Ciudad ha intentado acreditar que con la mención de ser rabino venga a despejar una hipotética confusión entre Sergio Alejandro Bergman y algún otro candidato”. Con respecto a la inclusión de la foto de Cynthia Hotton afirmó que el Código Electoral “no menciona a la fotografía como un elemento que pueda ser incluido” en las boletas. “El artículo 62, inciso 2, del Código Electoral expresa que ‘En las boletas se incluirán en tinta negra la nómina de candidatos y la designación del partido político. La categoría de cargos se imprimirá en letras destacadas y de cinco milímetros como mínimo. Se admitirá también la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo o emblema y número de identificación del partido”, precisó Lozano.

Diputados no pudo hablar con el titular de la IGJ

La Comisión de Justicia de la Cámara baja había invitado al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Marcelo Mambreti, para que explicara a los diputados como se desenvuelve el organismo con respecto al control de las fundaciones en general y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en particular. Juan Pedro Tunessi (UCR), titular de la Comisión, explicó que es “esencial” la presencia de Mambreti para que explique las facultades de control y fiscalización que recaen sobre el organismo y anticipó que volverán a invitarlo el próximo miércoles. Por su parte, Ricardo Gil Lavedra (UCR) también dijo que es necesaria “alguna explicación por parte del estado” ya que “la prensa ha informado la desaparición de gran cantidad de documentos”. Por su parte, Laura Alonso (Pro), presentó un pedido de informes a la IGJ tanto como diputada, mediante el proyecto 3085-D-2011, como ciudadana.