La Comisión de Justicia aprobó un dictamen sobre la redefinición del delito de Trata de Personas.El órgano también trató dos proyectos de modificación de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que ya posee media sanción de Diputados.
A pesar de los reclamos por parte de agrupaciones y ONG que luchan contra la Trata de Personas, el debate sobre una modificación a grandes rasgos de la actual legislación aún se demora.
No obstante, sobre la base de cuatro proyectos presentados por los senadores Beatriz de Alperovich y Sergio Mansilla, Roy Nikisch, la formoseña Adriana Bortolozzi, y Liliana Negre de Alonso, la Comisión de Justicia de la Cámara Alta elaboró un dictamen al respecto.
Entre los puntos fundamentales de la iniciativa, se destaca que “el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa”.
Además, en el proyecto se incluye una nueva definición de la Trata: “Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, entre diferentes puntos del país, o desde o hacia otros países”.
En tanto, fue puesto/aprobado/dictaminado un borrador elaborado por Hilda “Chiche” Duhalde que declara la emergencia en materia de seguridad ciudadana por el término de dos años.
Asimismo, se debatió/aprobó un proyecto de la senadora y presidenta de la Comisión, Sonia Escudero, que propone crear el Consejo Federal Penitenciario.
También tendrán/tuvieron tratamiento dos proyectos para modificar la Ley 24.660 sobre Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que ya cuentan con media sanción de la Cámara Baja. Uno es acerca de la distribución de la renumeración del trabajo del interno; y el otro es acerca del acceso a la Educación Pública en los establecimientos penitenciarios.
A fin de discutir al respecto, asistieron el procurador y el director del Servicio Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo y Víctor Hortel; el director del Observatorio de Derechos Humanos y juez de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Delgado; el vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alberto Binder; y Leonardo Filippini.