Se reunirá en febrero para definir la reglamentación de las declaraciones juradas para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial según lo establece la nueva ley de Etica Pública. No es un tema fácil para los 9 ministros de la Corte porque no existe criterio unánime, ni siquiera todavía puede decirse que existe una precaria mayoría, para resolver este tema que la complica políticamente con el gobierno. Si bien es cierto que Ricardo Gil Lavedra tomó debida nota durante su primer encuentro con la Corte que no se iba a designar a un funcionario judicial en la Comisión Nacional de Etica, tampoco es menor, el hecho que no son pocos los jueces que no quieren aparecer enfrentados con Fernando de la Rúa, por una cuestión donde está en juego la imagen de anticorrupción y transparencia que reclama la sociedad. Enfocado desde ese ángulo, el gobierno lleva ventaja sobre la Corte pese a que los cuestionamientos que se formulan a esa ley nacen desde un correcto criterio de fuente constitucional.
hugo morales / dju
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