Los poderes Legislativo y Ejecutivo rionegrinos crearon un Registro de ex Presos Políticos. La inscripción será voluntaria y se podrán anotar todas las personas que hayan sido víctimas de los distintos golpes de Estado que hubo en nuestro país.
A través de la Ley 4.676 de Río Negro, que constituyó el Archivo Provincial de la Memoria, se implementará un Censo y Registro Provincial de Ex Presos Políticos en el que todos aquellos que fueran víctimas de la persecución ideológica en los sucesivos golpes de Estado, entre el 16 de septiembre de 1955 y hasta el 10 de diciembre de 1983, se podrán inscribir.
El Registro funcionará en la Casona “Eduardo ‘Bachi’ Chironi”, que durante la última dictadura militar fue sede de un centro de detención clandestino y donde, actualmente, funciona también la Secretaría de Derechos Humanos.
En tanto, el relevamiento planeado para el Censo y el Registro comprende a todos aquellos que hayan sufrido la persecución ideológica en el período de 1955 a 1983, vivos o fallecidos, y que hayan tenido residencia por más de un año en la provincia.
La inscripción es de carácter voluntario y podrán hacerlo los que hayan permanecido detenidos en prisiones de cualquier tipo, inclusive los centros clandestinos o ilegales. A su vez, forman parte del grupo de gente pasible de inscribirse todos los que hayan sido sometidos a la Justicia Penal Federal o provincial, Tribunales Militares, o hayan quedado a disposición del Poder Ejecutivo por motivos ideológicos, políticos, sociales, gremiales o religiosos.
Asimismo, en caso de haber dudas sobre la condición de persecución política se deberá brindar una interpretación que sea más favorable a la víctima.
También se elaborará un padrón suplementario para los rionegrinos que se encuentren fuera del país, a la vez que los que no quieran brindar sus datos para el Censo figurarán con la información oficial que haya disponible sobre esa persona.
La idea del censo es obtener todos los datos posibles sobre personas argentinas o extranjeras que hayan sido víctimas de la persecución ideológica y que fueron presos políticos. Las asociaciones y ONG que quieran colaborar aportando datos de miembros fallecidos también tendrán la posibilidad de hacerlo.
También se planea elaborar, a través de la iniciativa, acciones de seguimiento y planificación para las víctimas del terrorismo de Estado y además, de esta forma, brindarles asesoramiento en cuestiones de desarrollo social y de vida.
La normativa también apunta a que se lleven a cabo acciones en conjunto con el Poder Judicial de la Nación, la administración pública nacional y provincial y las distintas áreas del Ministerio de Justicia.