El Ministerio de Justicia y la Fiscalía de Estado de Santa Fe firmarán un convenio con el Gobierno para modificar el Código Procesal Penal de esa provincia. Fue tras una denuncia ante la CIDH de un hombre que se vio sus "derechos vulnerados" por el viejo código.
"El 24 de octubre de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició la tramitación de una denuncia presentada por el Sr. Rubén Luis Godoy y la Defensoría General de Cámaras de Apelación de Rosario, en contra de la República de Argentina."
"La petición se relaciona con la condena a la pena de prisión perpetua con la accesoria de prisión por tiempo indefinido y al pago de una indemnización de noventa mil pesos dictada contra Rubén Luis Godoy a partir de su confesión sobre la autoría de un homicidio e intento de violación, supuestamente obtenida mediante tortura aplicada por agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe."
Esa es la historia de Rubén Godoy que figura en la CIDH. Pero estos días las cosas cambiarán gracias a un convenio firmado por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía de Estado de Santa Fe con el Gobierno Nacional, la Cancillería, la Secretaría de Derechos Humanos y el perjudicado.
Es que la Reforma del Código Procesal Penal santafesino brinda nuevas disposiciones que hacen que la situación de Godoy pueda ser contemplada nuevamente sin afectar sus derechos, sobre todo en lo inherente a las cuestiones que hicieron que tuviera que acudir a la CIDH. De esta forma, además, la Argentina evitará ser sancionada por el organismo internacional.
Por eso, y después de varias negociaciones que se sucedieron entre el Estado y Godoy desde 2008, finalmente se pudo llegar a lo que la CIDH da en llamar un acuerdo amistoso.
Los miembros del Ministerio de Justicia y la Fiscalía de Estado se pronunciaron diciendo que “se busca evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Argentina reciba sanciones internacionales, así como reparar los eventuales daños que hubiera sufrido Godoy a raíz de que no se le respetaron sus derechos".
“Uno de los puntos del acuerdo es la reforma en el sistema de enjuiciamientos penales que está llevando adelante la provincia, ya que una vez plasmada este tipo de casos no volverán a repetirse”, agregaron.
El nuevo Código se ajusta a los derechos constitucionales y tratados internacionales “un enunciado que quizás suene abstracto pero que en casos como el que nos ocupa demuestra la importancia institucional de estos cambios, además de la mayor cercanía, agilidad y eficiencia que tiene el sistema acusatorio en relación al inquisitivo”, señalaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.