El Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria de Santa Fe presentó un recurso frente a un tribunal Contencioso Administrativo para que se reglamente la Ley 13.112 que establece límites para que las empresas realicen llamados comerciales a las personas. El reclamo se basa en que la normativa aún no está reglamentada y por ello, las empresas continúan con las llamadas.
Luego de que los legisladores de Santa Fe aprobaron la Ley 13.112, los ciudadanos de esa provincia contaban con la posibilidad de acceder a un registro en el cual quedaban exentos de los llamados comerciales de las empresas a los que los usuarios de cualquier compañía telefónica del país están habituados.
Todo parecía encaminado desde aquel 19 de agosto de 2010. Pero a pesar de que la normativa ya está aprobada, aún falta un paso fundamental: su reglamentación.
Es por eso que el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), que representa a usuarios y consumidores de distintos servicios en Santa Fe presentó un recuro Contencioso Administrativo en reclamo de la reglamentación de la Ley, enmarcando su iniciativa en la Ley 10.000 de intereses difusos.
Según afirmó Juan Marcos Aviano, presidente de Cesyac, la medida fue tomada en representación de los usuarios de telefonía que "reciben varios llamados publicitarios por día, y muchos son en horarios poco gratos".
A su vez, agregó que "la no reglamentación está afectando severamente los derechos de los consumidores y usuarios del servicio de telefonía".
En tanto, la Ley llegó a la Dirección General de Comercio Interior, que es el órgano de aplicación. Desde esa cartera aclararon que la normativa está “trabada” en el Ministerio de la Producción.
"No sé si es por una cuestión burocrática, decisión política o simplemente no les interesa que esto salga. Solo faltan las firmas del gobernador (Hermes Binner) y del ministro de la Producción (Juan José Bertero), incluso ya hay una persona asignada para hacerse responsable del registro", consignó Aviano, y agregó que espera que "se trate de cuestiones burocráticas. Quiero creer que no se reglamenta porque hay cuestiones más importantes y urgentes en las que están trabajando".
Los involucrados en el recurso presentado por el Cesyac son, precisamente, el Poder Ejecutivo Provincial, el Ministerio de la Producción, la Dirección General de Comercio Interior y la Cámara de Diputados santafesina para que informen en qué plazo tiene previsto terminar con la reglamentación de la Ley para que entre en plena vigencia.
En declaraciones radiales, María Laura Campás, integrante del Cesyac, aseguró que la provincia de Santa Fe tiene jurisdicción para impedirle a empresas que no están radicadas allí que llamen a usuarios de su territorio.