Cavallo fue citado a pedido del fiscal federal Eduardo Freiler quien tuvo a su cargo la investigación a raíz de una denuncia efectuada por un particular, Martín Scotto, referida a la “indebida asignación de partidas presupuestarias para gastos reservados (3.9.2) a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico”. Quien era por entonces titular del organismo, Alberto Lestelle, fue citado a indagatoria para el miércoles de la próxima semana, por el juez federal Juan José Galeano.
Según confiaron fuentes judiciales a Diariojudicial.com, Cavallo será indagado por el delito de malversación de fondos, ya que avaló la asignación de esas partidas instrumentada por medio de un decreto distributivo del presupuesto de la administración nacional, en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando ocupaba la titularidad del Ministerio de Economía.
Por entonces, el Congreso había respondido negativamente a un proyecto del Poder Ejecutivo en el cual se pretendía incorporar a la secretaría a cargo de Lestelle, entre los organismos autorizados para que se les asignen gastos reservados, invocando la creación del “Plan Nacional de Lucha contra el Narcotráfico”, para el cual aparentemente iban a ser destinados esos fondos.
La causa se encuentra radicada en el juzgado federal 10 , a cargo transitoriamente de Galeano y se acumula con otra contra el ex presidente Carlos Menem por presunta malversación de caudales públicos, iniciada por una denuncia del abogado Juan Carlos Iglesias, “en atención a la asignación de gastos reservados a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico”-
En su pronunciamiento, el fiscal Freiler recordó que en el Presupuesto de 1983 para la Administración Nacional se pretendió incorporar al régimen establecido por la ley 18.302 al Poder Judicial de la Nación, Corte Suprema de Justicia, a los restantes Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional y la Secretaría a cargo de Lestelle, pero el congreso desatendió esa propuesta.
Aún así el decreto distributivo del Presupuesto abarcó varios organismos que, sin poseer autorización legal “contaron con partidas secretas”, contándose la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico, con una partida de 2.550.000 pesos, el Ministerio de Economía con 105.000, el Ministerio del Interior 600.000 y la Comisión Nacional de Energía Atómica con 1.238.000.
Freiler llega a la conclusión que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 2730 y apartándose de la debida autorización del Congreso, “otorgó gastos reservados por $ 4.493.000. Es decir, amplió los beneficiarios de las partidas incorporadas al Presupuesto Nacional cuyo detalle y destino era desconocido por los legisladores, extremo que es el núcleo que permite advertir la existencia de un evento prima facie delictuoso”.
De esos cuatro organismos mencionados se verificó que de uno de ellos , SEDRONAR , se verificó el otorgamiento de crédito y ejecución presupuestaria en un monto que ascendió a 1.800.000, mientras que de los restantes la investigación sigue en curso.
Según el representante del Ministerio Público “está demostrada la distribución ilegal de partidas de gastos reservados a distintas áreas de la Administración Pública, una de las cuales ejecutó” esa suma mencionada.
Respecto de Cavallo, concluyó que el ex funcionario “entendía en la elaboración y control de ejecución del presupuesto nacional, como cabeza máxima de quien dependía, a su vez, el Secretario de Hacienda y, bajo este, el Subsecretario de Presupuesto. Desde ya su firma refrendó el decreto 2730 por tratarse de materia de su exclusiva competencia”.