La Suprema Corte de Justicia bonaerense consideró cumplida la intimación que se había realizado al gobernador Daniel Scioli debido a la falta de obras para mudar un basural en Ensenada y lo eximió de pagar las astreintes fijadas.
La relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial de la provincia de Buenos Aires no es precisamente armónica en lo que va de 2011. A las críticas realizadas hacia los magistrados del fuero penal se sumó un reclamo del presidente de la Suprema Corte bonaerense por la falta de fondos que estaba sufriendo la administración de Justicia provincial. Pero, a pesar de todo ello, no todas son pálidas para el gobernador Daniel Scioli.
“Este Tribunal dictó la resolución por medio de la cual se intimó al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires a que, en el término de 90 días y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 12 de la ley 13.592, determine la localización y habilitación del o los nuevos polos ambientales provinciales, en reemplazo del Complejo Ambiental de Ensenada, momento a partir del cual comenzaría a correr el plazo de 8 meses” para realizar el trabajo.
Así se había pronunciado la Suprema Corte bonaerense a través de una resolución realizada en base a los reclamos de vecinos de la localidad platense de Ensenada y de la Asociación Civil Nuevo Ambiente.
Pero gracias a los trabajos realizados, que los magistrados consideraron como “estrictamente necesarios”, en el predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), el máximo Tribunal bonaerense decidió “dar por cumplida la intimación efectuada al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y dejar sin efecto las astreintes fijadas” en la resolución anterior.
Al respecto, desde la resolución se precisó que “el señor Gobernador de la Provincia efectuó una presentación tendiente a informar a la Suprema Corte las gestiones realizadas en orden a determinar la localización de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la región”.
En ese escrito, Daniel Scioli relató una serie de “circunstancias vinculadas con la contratación, por parte de la Municipalidad de La Plata, de la gestión y disposición final de los residuos sólidos urbanos, con una Unión Transitoria de Empresas que habría suscripto, con un particular, una carta compromiso para la adquisición de la heredad donde habrá de funcionar la planta de tratamiento de aquéllos”.
También se expresó acerca de “la posterior transferencia del contrato a la Municipalidad de Ensenada y la celebración, con ésta y con la comuna de La Plata, de un convenio en el cual la Provincia de Buenos Aires se compromete a solventar la financiación de la construcción de la mencionada planta y a asistir a ambas municipalidades en el pago de la tasa por tonelada de residuos sólidos urbanos a tratar en el futuro de manera equivalente al aporte que actualmente rige, en cada caso, para el subsidio de dicha tasa en el marco del CEAMSE”.
A partir de esa iniciativa, el gobernador presentó nueva documentación en la que informes ambientales ratificaban las medidas tomadas y de esta forma, el Ejecutivo comenzó a construir los nuevos basurales.
Con estas pruebas ofrecidas desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, los magistrados de la Suprema Corte comprendieron que con las presentaciones efectuadas “por el titular del Poder Ejecutivo la orden impartida por esta Corte se encuentra razonablemente cumplida”.
De esta forma, decidieron que la intimación que recibiera Daniel Scioli había sido cumplida, y que además, el Gobierno provincial quedaba exento de pagar los astreintes, que eran de 5.000 pesos diarios por cada día que pasara sin que se cumplieran las disposiciones de la Justicia.