Se trata de un proyecto que obtuvo una aprobación en general de la Comisión de Disciplina. La iniciativa propone que para denunciar a un magistrado haya que pagar tasa de Justicia y contar con patrocinio letrado. Además contempla la posibilidad de que el organismo declare “la temeridad” de las denuncias. El proyecto pasó a la Comisión de Reglamentación pero no tendrá resolución definitiva hasta 2012.
Conforme pasan los años, desde su creación, se ha tornado recurrente en el Consejo de la Magistratura el debate sobre los denominados “denunciólogos” o “denunciadores profesionales”. Este año no fue la excepción, ya que la Comisión de Disciplina y Acusación aprobó “en general” una iniciativa presentada por el presidente del organismo y representante de los jueces, Mario Fera.
Ello ocurrió en la reunión del pasado 3 de noviembre de la Comisión cuando se puso sobre la mesa el tratamiento de la iniciativa que, entre otras cosa, propone la asistencia letrada en las denuncias que se realicen ante el Consejo y el pago de la tasa de justicia. Otra particularidad que posee el proyecto es que, de aprobarse tal como esta, el organismo tendría la facultad de proponer se declare la “temeridad” o “malicia” de los denunciantes o profesionales.
Las modificaciones se realizarían sobre el Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación en sus artículos 2, 4 y 5 y reordenamiento del Título V, mediante la incorporación de un nuevo artículo 25.
Actualmente, cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho imputable a un magistrado puede denunciarlo en el organismo presentando un escrito de denuncia en la mesa de entradas del Consejo. Este escrito no se encuentra sujeto a ningún “rigorismo formal”, aunque debe contener requisitos mínimos, tales como los datos personales del denunciante, el del magistrado denunciado o el ofrecimiento de prueba.
En aquella reunión del 3 de noviembre pasado ya se plantearon algunas dudas ante esta iniciativa que según explicó su autor, Mario Fera, “no se trata de limitar el derecho a peticionar”. Sin embargo, el representante académico en el organismo, Manuel Urriza, planteó su duda en torno a que “no se convierta en un elemento de cercenamiento de derechos de los desposeídos” para “acceder a la Justicia”.
Stella Marys Córdoba, consejera diputada, se expresó en un sentido similar y sostuvo que “es atinado empezar a tratar el tema” pero advirtió que “hay que tener cuidado”; y se preguntó: “¿cuál será la consecuencia jurídica de declara una denuncia como temeraria o maliciosa?”
Daniel Ostropolsky, representante de los abogados del interior, mostró su rechazo absoluto a la propuesta que consideró “desafortunada” porque “limita a que las denuncias deban tributar y tener patrocinio”, lo que “puede llegar a tener serios reparos legales”. Mientras que el senador consejero, Marcelo Fuentes, advirtió que “no quede sesgado como una defensa corporativa”.
El representante del Ejecutivo, Hernán Ordiales, analizó que “esto no es nuevo y si el tema vuelve es porque no se ha resuelto” y agregó que “en líneas generales” está de acuerdo con el proyecto. Igualmente Fera se mostró conciliador y dispuesto a consensuar algunas cuestiones aunque aclaró que el proyecto “tiene que ver con mirar con un sentido práctico lo que se hace en el Consejo”.
La afirmación de Ordiales es absolutamente cierta. Hace más de diez años que el Consejo trata en forma recurrente las formas de limitar la denuncia temeraria, libre y gratuita. Ya al poco tiempo de la puesta en marcha del organismo, el por entonces consejero por los jueces, el camarista civil Claudio Kiper, había advertido este problema, que aún continúa irresuelto. "La mayoría de las denuncias no tienen fundamento. Hay un abuso que impide que nos ocupemos de los temas importantes. Muchos denuncian sólo porque no están de acuerdo con lo que fallaron los jueces", se quejaba Kiper.
Las estadísticas le vienen dando la razón. Por ejemplo en el año 2010 el porcentaje de desestimación de denuncias contra los jueces nacionales y federales alcanzó la llamativa cifra del 97 % del total de denuncias presentadas. Un número que tiene como trasfondo el aumento de la burocracia administrativa, necesaria para atender semejante volumen de trámites, que resultan finalmente inconducentes.
La Comisión de Disciplina finalmente aprobó en general el proyecto que pasó a la Comisión de Reglamentación, aunque lo más probable es que su definición quede para el año que viene puesto que se prevé que hasta fin de año no haya reuniones Plenarias. Además intentarán consensuar una reunión conjunta de ambas comisiones para tratar el tema. Las cartas están echadas.