Gracias a un acuerdo entre el ex Ministerio de Familia, la cartera del gobierno provincial y la Jefatura de Policía, ahora Río Negro cuenta con nuevo protocolo de atención a menores detenidos por las fuerzas uniformadas.
“Los esfuerzos que se están haciendo a nivel provincial en esta temática que tiene que ver con la responsabilidad penal de los menores de edad, se encuentra con un chaleco de fuerza que es la vigencia a nivel nacional de un Decreto Ley de la dictadura que es el 22.278, que condiciona negativamente los mejores esfuerzos de naturaleza provincial”, aseguró en una charla en Río Negro el especialista en Derecho Penal juvenil, Emilio García Méndez.
Esta introducción sirve para comprender una de las últimas medidas llevadas a cabo en torno a la política penal en torno a los más jóvenes.
Es que el ex Ministerio de Familia, el gabinete gubernamental y la Jefatura de Policía suscribieron a un acuerdo en el que elaboraron pautas para un nuevo protocolo en relación a la atención integral de niños, niñas y adolescentes detenidos o demorados en oficinas tutelares o en unidades policiales.
De esta forma, las autoridades buscan garantizar la seguridad y las integridades física y psíquica de los menores antes de que pasen a disposición de la Justicia rionegrina. Para concretar la iniciativa, las partes tuvieron en consideración las disposiciones de la normativa internacional referente a los derechos humanos.
Entre otras precisiones, en primer lugar se informará a la familia al menor detenido cuáles son sus derechos y de qué forma pueden acceder a ellos.
Por otra parte, las fuerzas policiales también tendrán la facultad de mantener al menor detenido hasta comprobar fehacientemente su edad, en caso que surja alguna duda acerca de si la persona tiene o no más de 18 años.
Al momento de la detención, y en cuanto se pueda acceder a los datos personales del menor, se dará aviso telefónico inmediato a los padres o familiares y a los representantes legales, a los jueces correspondientes o autoridades judiciales de turno y a un coordinador de guardia perteneciente a la Delegación de Promoción Familiar inherente a cada caso que se presente.
Ese funcionario provincial deberá ser informado acerca de los hechos que motivaron la detención del menor.