Cristina Kirchner iniciará el 10 de diciembre su segundo gobierno como presidente de la Nación. El mismo día habrá cumplido sus primeros cuatro años de mandato en los que la Justicia ha sido un eje en varios tramos de su gestión, no tanto por las reformas sino por el lugar en el que la mandataria puso al Poder Judicial. Diariojudicial.com hace un repaso del primer gobierno de Cristina en materia judicial para entender hacia donde puede ir el segundo.
El vil metal
253 jueces
En sus cuatro años de Gobierno, Kirchner designó a 253 jueces, un promedio de 63 por año. El actual fue el año en los que más magistrados nombró: 103. Le siguieron 2008 con 94; 2009 con 46; y 2010 con apenas 6.
Entre los jueces que designó se destacan, por tratarse del tribunal penal más importante del país, los cuatro nuevos integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal: Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa, quienes juraron en sus cargos en el último mes.
Más juicios por delitos de lesa humanidad
El juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar fue una de las políticas más importantes que impulso el Gobierno en materia judicial. Y eso se tradujo en el incremento de militares y civiles condenados.
Un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, sostiene que cuando la Presidente asumió en diciembre de 2007 había 41 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, cifra que aumentó cada año.
En 2008 se incrementó a 70; en 2009, 100, en 2010, 199; y a octubre de este año, 243. Hasta octubre pasado, en lo que va del año se realizaron 12 juicio orales que ya concluyeron. Y hay tres juicios programados para que comiencen en 2012, en Tucumán, Rosario y Neuquén.
Los ministros de Justicia
Cristina Kirchner tuvo dos ministros de Justicia. El primero fue Aníbal Fernández, quien asumió el 10 de diciembre de 2007 hasta el 8 de julio de 2009, cuando tomó la jefatura de Gabinete. Lo reemplazó Julio Alak, el segundo y último titular de la cartera judicial en el primer mandato pero que seguirá en la nueva gestión, luego que fuera confirmado este martes en el cargo.
Ambos ministros tuvieron bajo su órbita a las fuerzas de seguridad pero en diciembre del año pasado la Presidente creó un ministerio específico para esa temática en el que designó a Nilda Garré al frente.
Garré es secundada por otra mujer y con carrera judicial: Cristina Caamaño, fiscal de instrucción, cargo en el que está con licencia. Caamaño investigó el crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra por el que está preso el titular del gremio ferroviario, José Pedraza. Esa investigación le valió su llegada a la Secretaría de Seguridad Operativa del Ministerio, el virtual viceministerio.
La cabeza permanece intacta
Cristina transitó sus cuatro años de gestión con las mismas autoridades del Poder Judicial. En la Corte Suprema estuvieron Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay –los cuatro designados por Néstor Kirchner–, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carlos Fayt.
Lo mismo con los Ministerios Públicos: en la Procuración General, Esteban Righi, y en la Defensoría, Stella Maris Martínez, transitaron de manera completa el Gobierno de Cristina.
No se prevé que haya cambios. Menos en la Corte. Es que cuando la actual mandataria era senadora nacional impulsó en noviembre de 2006 una ley, que el Congreso aprobó, que redujo la cantidad de miembros del Máximo Tribunal de los siete actuales a cinco. Así, cuando dos de ellos dejen el cargo, no habrá nuevas designaciones.
Críticas a la Justicia
La Presidente fue dura con la Justicia en varias oportunidades. Hay dos momentos que son particularmente recordados y ambos ocurrieron en los primeros meses del 2010. Fue cuando habló de “jueces alquilados” y denunció que están “tabulados los precios de excarcelaciones”.
A fines de 2009, Cristina había dictado un decreto con el que creó el Fondo del Bicentenario para obtener 6.500 millones de pesos de reservas para pagar deuda. Pero en enero la Justicia lo frenó a través de una medida cautelar y en marzo ocurrió lo mismo ante otro decreto similar.
“No voy a permitir que un juez ‘defaultee’ la deuda. Hay jueces que parece que estuvieran alquilados. Me cuentan que la juez que hoy ordenó la medida cautelar es la pareja del juez Marinelli que actuó en la anterior contra el Fondo del Bicentenario. Y luego hablan de matrimonios presidenciales, por Dios”, dijo la Presidente por cadena nacional el 4 de marzo.
Un día antes la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal había hecho lugar a una medida cautelar de la UCR suspendiendo el decreto presidencial 298/10 que permitía el uso las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El juez Ernesto Marinelli, del mismo fuero, había tomado de su par María José Sarmiento las causas de enero durante la feria contra los decretos y el despido del entonces presidente del BCRA, Martín Redrado, que la magistrada había anulado al aceptar otras medidas cautelares.
Cristina también criticó a la Justicia el 1 de marzo de 2010 en la apertura del 128 período de sesiones ordinarias del Congreso.
“Necesitamos también una Justicia que sea independiente del resto de los poderes políticos y, fundamentalmente, de los poderes económicos concentrados; necesitamos jueces que fallen no de acuerdo con la tapa de Clarín sino al Código Civil y al Código Penal; necesitamos jueces que condenen a los responsables de lo que sucedió por el accidente aéreo de LAPA y no a un mecánico a 3 años; necesitamos jueces que no dejen salir a los delincuentes, porque están tabulados los precios de excarcelaciones o eximiciones de prisión y, entonces, los criminales que entran por una puerta salen por la otra”, denunció.
En busca de Justicia
El Gobierno también acudió a la Justicia para denunciar delitos y hacer cesar otros. Fue lo que ocurrió en los casos de Papel Prensa y el corte de la ruta internacional 136 en Gualeguaychú, Entre Ríos, por el conflicto con la pastera Botnia, en Uruguay.
El 24 de agosto del año pasado por cadena nacional la Presidente denunció que se cometieron delitos de lesa humanidad en la venta de la empresa Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón en 1976 durante la última dictadura, al presentar el informe “Papel Prensa, la verdad” y anunciar que acudiría a la Justicia.
Dos meses antes, el 9 de junio de 2010, Aníbal Fernández denunció civil y penalmente a una docena de asambleístas de Gualeguaychú por mantener cortada la ruta.
El nuevo Gobierno