La Procuración de Río Negro se pronunció a favor de la participación de la Justicia por la exposición de los menores a situaciones de vulnerabilidad a raíz de un amparo presentado por el Consejo Barilochense para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
“La incompetencia que declara el juez de origen ha sido forzada, con el aditamento de una reconducción unilateral de la acción, bajo el manto de una declinatoria y sin dar la debida y obligada intervención previa al Ministerio Público Fiscal a los fines de cumplimentar la obligación de defensa y control de la competencia”, consignó Liliana Piccinini, procuradora general de Río Negro.
Así se refirió a la presentación de un amparo de parte del Consejo Barilochense para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual la entidad denunció que tanto el Poder Judicial como la Policía de Río Negro no asisten ni asistieron a las mesas de trabajo interinstitucionales programadas para tratar las distintas problemáticas que giran en torno a los menores de esa provincia.
Fue precisamente la situación de “desinterés” (como lo plantean los amparistas) lo que desató la polémica y la llegada a las instancias judiciales, ya que desde el Consejo señalaron que un juez incumplió tareas de dar curso a la acción legal que intentaba llevar a cabo la entidad que protege a los rionegrinos más jóvenes.
Según aseguraron desde el Consejo, las reuniones a las que las autoridades de ambas instituciones debían asistir (a quienes además se les recordó) no pudieron concretarse debido al “faltazo”.
“En reiteradas oportunidades se han realizado invitaciones a integrantes de ambos poderes sin tener respuesta alguna”, afirmaron, con respecto a las reuniones en las que se tratan distintas problemáticas relacionadas con la vulnerabilidad social en torno a los jóvenes, niños, niñas y adolescentes.
“En los últimos tiempos se vienen dando situaciones de violencia entre jóvenes con el uso de armas de fuego, llegando a disturbios de extrema gravedad como los del fin de semana del 3 y 4 de diciembre de 2011, lo que la lleva a realizar esta presentación, entendiendo prioritario la presencia institucional de la Justicia y de la Policía para trabajar de manera conjunta, logrando así una efectiva intervención”, precisaron los consejeros.
Pero la polémica pasa por otros asuntos, también relacionados con la Policía. Es que en la presentación judicial adjuntaron una nota periodística con el título “Denuncian a la Policía por organizar venta de drogas”. En ese orden solicitaron que se libre un oficio a la Seccional III de la Policía de Río Negro para que informe precisamente qué sucedió en relación al artículo del medio mencionado de esa provincia.
Piccinini precisó que desde el órgano que dirige se “ha venido señalando que es deber del juez receptor de la acción realizar un examen liminar de los recaudos formales de procedencia de la garantía procesal específica formulada, como así también del objeto y de la petición, criterio que ha sido confirmado por los respectivos antecedentes del STJ”.
“En este orden se ha remarcado que resulta insoslayable que el juez del amparo realice este análisis en pos del cumplimiento de los principios de celeridad y economía procesal”, precisó en su dictamen la procuradora.
En ese orden, agregó que el juez que recibió la presentación “no ha cumplido la tarea que como juez receptor del amparo-mandamus le corresponde, más allá de que incluso se haya caratulado erróneamente el expediente bajo el rótulo de habeas corpus”.