La Justicia de Río Negro determinó que el Estado provincial deberá hacerse responsable por las reparaciones que precisa una escuela de esa provincia. La resolución se logró gracias a una acción de amparo presentada por un grupo de padres del establecimiento.
“La ausencia de celeridad en la respuesta por parte de las autoridades encargadas ante el estado de vulnerabilidad denunciado configura una clara omisión o rehusamiento a cumplir obligaciones a cargo del Estado que sólo puede resolverse mediante la vía del amparo, atento que estamos en presencia de la imposibilidad de recibir educación, lo cual constituye un agravio al derecho de la persona, la familia y la sociedad.”
Así se manifestó Víctor Sodero Nievas, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rionegrino con respecto al reclamo de un grupo de padres que presentaron una acción de amparo por el mal estado de la escuela a la que asisten sus hijos.
Por eso, el máximo Tribunal de Río Negro determinó que el Poder Ejecutivo debía “realizar todas las reparaciones necesarias en el edificio donde funcionan la Escuela 73, el Jardín de Infantes 89, la Escuela de Adultos 31 y la Supervisión de Nivel Primario Zona Sur 1 en la localidad de Comallo, a efectos de poner en condiciones dignas y adecuadas el establecimiento escolar”.
El reclamo surgió debido a la falta de respuestas por parte del Consejo Provincial de Educación frente al reclamo por mejoras edilicias en el establecimiento en el que funcionan la Escuela primaria 73, con 266 alumnos, el Jardín 89, que tiene 100 alumnos, la Escuela de Adultos 31 y la Supervisión de Nivel Primario Zona Sur 1.
En la sentencia se precisó que el edifico no poseía sistema sanitario, es decir, no había agua. La cisterna estaba clausurada, y además, las conexiones eléctricas estaban colapsadas, habiendo peligro de electrocución. También se precisó que el pozo ciego estaba lleno y rebalsaba, dejando desperdicios en uno de los patios utilizado por los chicos.
Por eso, desde el seis de abril ningún alumno estaba asistiendo a la escuela, ya que las deficiencias hacían imposible que se pudieran dictar las clases.
En un dictamen, la Procuradora General de Río Negro, Liliana Piccinini, aseguró que “la peligrosa situación de instalaciones sanitarias colapsadas, aguas no aptas para el consumo, cocinas precarias, humedad e instalación eléctrica con deficiencias, con calefactores sin válvulas de seguridad, sin llaves de corte y ventilación escasa preanuncian no sólo el peligro sino el inminente daño irreparable para la salud e integridad física de los alumnos”.
A ese respecto, Sodero Nievas precisó que “se coincide con la Procuración General en cuanto en autos corresponde garantizar el derecho constitucional a la educación, sin más dilaciones”.
También agregó que “corresponde enfatizar que las declaraciones de incompetencias en el curso de estas acciones de excepción atentan precisamente con el carácter de urgencia que revisten; máxime cuando estamos ante un grupo de padres que peticionan a la Autoridad educativa que adopte los recaudos básicos y necesarios para reparar carencias edilicias en el edificio escolar de la localidad de Comallo, de tal magnitud que ponen en real y efectivo riesgo la salud e integridad física de sus hijos y de quienes laboran en el mismo”.
Finalmente, sentenció: “Por razones de urgencia y a fin de evitar mayores dilaciones que no se condicen con la acción intentada, corresponderá excepcionalmente asumir la competencia en las presentes actuaciones y en tal sentido, hacer lugar a la acción interpuesta ordenando al Poder Ejecutivo provincial realizar todas las reparaciones necesarias, suspendiendo el dictado de clases por el menor lapso de tiempo posible, a efectos de cumplir en dicho período con la puesta en condiciones dignas y adecuadas del establecimiento escolar”.