“Permite la extradición de refugiados con el pretexto de que son terroristas”, denunciaron, a la vez que consideraron que la criticada ley aprobada por el Congreso de la Nación permite que cualquier fuerza de seguridad invoque “un acto de resistencia a la autoridad para que se declare terroristas” a indocumentados.
Este lunes lo organización no gubernamental “La Alameda” presentó un amparo ante los tribunales federales para que se declare la inconstitucionalidad de un artículo de la denominada Ley Antiterrorista N° 26.734 aprobada por el Congreso de la Nación a fines de diciembre del año pasado.
El escrito presentado por la ong recayó en el juzgado federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, bajo expediente 384/2012 y hace hincapié expresamente en la modificación que introdujera la sanción de la Ley antiterrorista en el el artículo 41 quinquies del Código Penal.
En el amparo se solicita se declare la inconstitucionalidad de ese artículo de la Ley y se ordene a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Comisión Nacional para los Refugiados -que funciona en la jurisdicción del Ministerio del Interior- y al Ministerio de Relaciones Exteriores a que se abstengan de aplicar la referida norma.
Además solicitaron que se decrete como medida cautelar la suspensión de la aplicación de la norma “a los fines de la decidir sobre la admisión, permanencia o expulsión de extranjeros, la concesión del status de refugiado o la concesión de asilo diplomático hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos”.
Ello puesto que “la promulgación de la ley 26.734 coloca a las personas por las que se promueve la presente acción en riesgo inminente de graves lesiones a sus derechos constitucionales”.
Según explicaron desde la ong la modificación “permite la extradición de refugiados con el pretexto de que son terroristas” y su vez “fragiliza la situación de los migrantes indocumentados” puesto que permitir que cualquier fuerza de seguridad invocar “un acto de resistencia a la autoridad para que se los declare terroristas”.
Asimismo, “deja abierta la posibilidad de que las huelgas y luchas sociales pueden ser calificadas de actos de sabotaje con fines políticos y por tanto actos terroristas”. Es que este artículo “deja abiertas las puertas a la criminalización de la protesta social, a la restricción de los derechos migratorios y de asilo”.
El amparo presentado también explica que “leyes de la clase de la 26.734 siempre han traído problemas a los migrantes” y recuerda leyes tales como la Ley n° 4144 de Residencia de extranjeros, la Ley 7209 de Defensa Social de 1910, la ley 17.294 o la ley 22439, más conocida como “Ley Videla”.
Todas ellas leyes “inspiradas en la idea chauvinista y xenófoba de que la República Argentina es una tierra de promisión donde no existen verdaderos problemas sociales y que si los hay se debe a la insidia de los extranjeros que viven en nuestro país” y “si esos extranjeros son además pobres y reclaman por sus derechos se transforman en una suerte de “espantajo rojo” al que hay que controlar y en caso de que moleste deshacerse lo más rápido posible”.
Es por ello que para La Alameda “la ley 26.734 se enmarca, lamentablemente, en la doctrina de la seguridad internacional impulsada por los Estados Unidos de América”. Doctrina que “tiende a identificar la inmigración y los inmigrantes como una amenaza ligada estrechamente al terrorismo”.