A través de la Secretaría de DDHH, el Ministerio de Justicia de Santa Fe solicitó a un Tribunal Oral Federal que se realicen mayores restricciones a las salidas transitorias otorgadas a condenados por delitos de lesa humanidad.
“Es público y notorio que Brusa, Ramos y Aebi fueron condenados por la comisión de gravísimos delitos de lesa humanidad, no debiendo soslayarse la especial trascendencia de las imputaciones que se cometieron como parte de un plan de ataque generalizado en contra de la población civil, donde se cercenaron garantías individuales y donde se utilizó el aparato estatal para su comisión, encubrimiento y el mantenimiento de impunidad para los perpetradores, situación que se mantuvo durante 30 años.”
Así se manifestó el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Horacio Coutaz, en relación a las salidas transitorias de las que gozan personas involucradas y condenadas por crímenes cometidos durante la última dictadura militar de Argentina.
Por este motivo, el organismo dirigido por Coutaz, a través del Ministerio de Justicia, solicitó al Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe que se tomen medidas para restringir las salidas transitorias de los criminales Víctor Brusa, Eduardo Ramos y María Eva Aebi, teniendo en consideración “el impacto que estos beneficios representan para víctimas, testigos, querellantes y familiares”.
En este orden, las autoridades ministeriales solicitaron que el ordenamiento de las salidas transitorias sea llevado a cabo por la Dirección de Control y Asistencia Post Penitenciaria, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En este sentido, Coutaz aseveró que “la decisión del tribunal ha provocado un estado creciente de inquietud entre los testigos, víctimas, familiares muchos de los cuales han ingresado al Programa de Acompañamiento y protección de Testigos y Querellantes”.
“Esta nueva situación puede afectar su seguridad e integridad física y psíquica, impidiendo o restringiendo la posibilidad de brindar libre y autónomamente su declaración testimonial durante el desarrollo de los juicios que se encuentran en la etapa de instrucción”, precisó el funcionario santafesino.
Entre otras cuestiones, desde el Ministerio de Justicia pidieron a su vez que se acelere la etapa de instrucción en los procesos llevados a cabo contra los partícipes del genocidio cometido entre los años 1976 y 1983, así como las confirmaciones de las sentencias tramitadas en la Cámara de Casación provincial.
Los dirigentes ministeriales precisaron que este hecho impacta en víctimas y testigos “hecho que se ha verificado en situaciones análogas en el marco del Programa provincial de protección y acompañamiento a testigos y querellantes que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos”.