El destituido juez que se exilió en Chile, Otilio Romano, fue detenido por Interpol requerido por la Justicia argentina, acusado por delitos de lesa humanidad. Estaba en una playa exclusiva del balneario de Reñaca. Ahora, la extradición a la Argentina y el juicio.
El ex camarista federal mendocino Otilio Romano, requerido por la Justicia argentina por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, fue detenido este viernes en un exclusivo balneario cercano a Santiago de Chile, informó la prensa de ese país.
Romano fue apresado este viernes por personal de INTERPOL en el balneario de Reñaca, unos 120 kilómetros al oeste de la capital trasandina, publicó el diario La Tercera. La detención "preventiva" de Romano había sido ordenada por el juez de la Corte Suprema de Chile Adalís Oyarzún.
Se espera ahora que se radique la notificación oficial a la Justicia argentina de su detención, con vistas a que se avance en los trámites de su extradición. Romano está radicado en ese país desde agosto del año pasado, horas antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera como paso previo al juicio político en el que cinco meses después fue destituido por un tribunal de enjuiciamiento.
El juez federal Walter Bento lo procesó por 103 casos de violaciones de los derechos humanos y su situación está encaminada al juicio oral y público. Puntualmente se le achacan delitos de secuestros, torturas y robos de bienes y la decisión archivar la causa por la apropiación de una menor, Rebeca Celina Manrique, cometidos entre 1975 y 1983, cuando era fiscal federal y juez subrogante de Mendoza.
Romano perdió su condición de juez por "haber omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo la promoción, persecución y represión de delitos de lesa humanidad" durante la dictadura. Esa destitución administrativa se complementa con la causa penal, en la que fue procesado por delitos de similar naturaleza que su ex colega Luis Francisco Miret, también destituido por un jury de enjuiciamiento.
Romano vivía en Chile con una visa de permanencia de ocho meses que le otorgó el gobierno de Sebastián Piñera, y hace dos semanas había sido fotografiado cuando caminaba por las calles de Cochoa, una ciudad trasandina ubicada cerca de Viña del Mar.
En las únicas declaraciones públicas que realizó al diario chileno "El Mercurio", Romano rechazó enfáticamente los cargos que se le imputan: "Soy un perseguido político en mi país y no sé de qué carajo se me acusa", dijo.
En diciembre pasado, en un acto realizado en Mendoza, la presidenta Cristina Fernández había asegurado: "el Gobierno, como corresponde, va a pedir la extradición al gobierno de Chile".
"Uno se escapó a Chile querida, pero ya lo vamos a traer, lo va a traer la justicia", había dicho la jefa de Estado ante la pregunta de una asistente a un acto oficial por la situación del ex juez.
La jefa de Estado remarcó que Argentina es "un país de derecho, de garantías, un país de la ley y le vamos a dar justicia, ley y Constitución, aún a los que la negaron y la pisotearon, porque esa es la verdadera esencia de la Democracia y de la ley".