Somos más "Derechos y humanos"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado martes 9 de abril su Informe Anual 2011 sobre el estado de los derechos humanos en América ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA.

En cuanto a los datos duros, durante el año pasado la CIDH aprobó 67 informes sobre admisibilidad, 11 de inadmisibilidad, ocho de solución amistosa, 54 de archivo, 25 de fondo, la publicación de cinco sobre el fondo, y el sometimiento de 23 casos al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esto incluye también el conocimiento y decisión respecto de más de 400 solicitudes de medidas cautelares, la celebración de 91 audiencias y 58 reuniones de trabajo, la realización de más de 30 visitas lideradas por Comisionadas o Comisionados en su calidad de Relatores de País o Relatores Temáticos, la emisión de 138 comunicados de prensa, y la realización de 5 seminarios y cursos de formación.

Con respecto a nuestro país el informe destacó los “grandes avances logrados en materia de justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos” mencionando que en octubre de 2011 la justicia argentina condenó a cadena perpetua a Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo y varias otras personas por las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en dicho país.

La Relatoría Especial para la libertad de expresión tiene un apartado especial en el informe, allí destacó el “llamado del Gobierno para licitar 220 licencias de servicios de comunicación audiovisual digitales, mediante 64 concursos públicos”. De las que 110 serían otorgadas a sectores sin fines de lucro, como asociaciones, fundaciones y cooperativas.

Asimismo “manifiesta su satisfacción por la condena contra los ex militares responsables de la desaparición y asesinato del periodista Rodolfo Walsh” así como el “conocimiento del arresto y procesamiento del sospechoso de asesinar al periodista y dirigente comunal, Adams Ledesma Valenzuela, cuya muerte ocurrió el 4 de septiembre de 2010 en un barrio popular de Buenos Aires”.

Lo mismo sucede con la decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal que anuló la sentencia por calumnias dictada en 1999 contra Eduardo Kimel, algo que la Comisión también vio con satisfacción y con el fallo se la Corte Suprema de Justicia, de marzo de 2011, en el que se “reitera la obligación del Estado de adoptar una política de publicidad oficial con criterios objetivos y no discriminatorios”.

También se hace mención a casi una decena de intimidaciones, amenazas y ataques a periodistas en distintas partes de la Argentina, tras lo que la CIDH recordó que el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Al tiempo que también se subraya la “preocupación” con respecto a que durante el 2011 no se haya “discutida ni votada en la Cámara de Diputados la Ley de Acceso a la Información, la cual había recibido media sanción en el Senado en septiembre de 2010”.

A nivel del Gobierno de la Ciudad la CIDH consignó haber recibido información sobre que este “no respondió una solicitud planteada por una organización no gubernamental para informar acerca de sus gastos de publicidad oficial entre enero y mayo de 2011”. “Al vencer el plazo legal para responder, el Gobierno de la ciudad no se acogió a la prórroga establecida en la ley que regula el acceso a la información pública y mantuvo el silencio”, consigna.