El proceso contra el magistrado de Olavarría se reanudó en el Senado bonaerense. Se tomaron testimonios en la causa en la que el magistrado está acusado de recibir una coima presuntamente vinculadas con mafias y crímenes por “ajustes de cuentas”.
Olavarría es una ciudad, aunque tiene menos habitantes que el partido de San Isidro. A pesar de sus 120.000 habitantes las historias parecen rozarse, el inconciente colectivo es genérico, los hechos que rompen la cotidianeidad pueden, además, quebrar la tranquilidad de los ciudadanos con ribetes de paz pueblerina.
Un billete de un dólar en la boca y cinco balazos que sirvieron para asesinar al abogado Marcos Alonso bastaron para mover los cimientos de la rutina de la localidad en enero de 2010 y poner en el centro de la escena al juez de Garantías Antonio Saladino, quien enfrentó este miércoles la segunda etapa del jury en su contra por haber sido, presuntamente, sobornado por beneficiar a un detenido que era cliente del letrado.
En el Senado bonaerense, se dieron cita para continuar con este proceso en el que se prevé remover de sus funciones al magistrado, quien fue apuntado debido a que, en teoría, negoció mejorar la situación procesal de su cliente, Walter Gallastegui, modificando la calificación del hecho por el que estaba en prisión.
"Hicieron que Marcos quedara como un mentiroso, cuando él no había mentido. Marcos no confundió nada. Marcos no le mintió a su defendido. No fue que Marcos le dijo que tenía todo arreglado. A su defendido le planteó eso con lo que él se había comprometido. Marcos cumplió con su palabra. La otra parte no", aseveró al fiscal del caso Fabiana Márquez, la esposa del abogado asesinado.
Con este testimonio y muchos más, y luego de meses de investigación, hubo suficientes elementos para que Saladino fuera suspendido de su cargo por parte de la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) y sometido al jury que se está desarrollando en la actualidad.
Tras una primera audiencia fallida, el defensor oficial de Saladino convocó nuevamente a un encuentro que se realizó este miércoles, donde prestaron declaración testimonial seis testigos de los ocho que fueron citados por el tribunal que encabeza el titular de la SCBA, Eduardo de Lázzari, acompañado de cinco legisladores y cinco abogados.
Además de Fabiana Márquez, declararon Diego Alonso, hermano del letrado asesinado; Carlos Villamaría, juez de garantías de Olavarría; María Turrina, oficial del Juzgado de Garantías de Villamarín; Susana Alonso, fiscal del Ministerio Público en enero de 2010; Soledad Gómez, secretaria en la UFI 5, que sigue la causa de Gallestegui.
Así es que hasta este viernes se espera la declaración de hasta once testigos más, aunque no están todos confirmados por lo que la cifra está sujeta a su concurrencia. Luego de las audiencias, el tribunal resolverá si Saladino es removido o no de sus funciones. De ser absuelto, se reincorporará automáticamente a sus funciones y la suspensión que pesa sobre él será levantada.
En tanto, el rol acusador corre por cuenta de la Procuración bonaerense, desde donde apuntaron contra el juez por “incompatibilidad con la dignidad y la austeridad para el cargo judicial, parcialidad manifiesta, cohecho y mal desempeño de sus funciones”.