El Centro de Estudios Sociales y Legales dio cuenta de que los hechos de tortura perpetrados en una comisaría de la provincia de Salta “evidencian la impostergable necesidad de avanzar en reformas estructurales de los sistemas penitenciarios” y de “sancionar el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura”.
El Centro de Estudios Sociales y Legales (CESL) se pronunció con respecto a las torturas sufridas por dos detenidos en una comisaría de General Güemes, provincia de Salta, y evidenció las necesidades de reformas en el sistema penitenciario y la pendiente sanción de la Ley de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.
Las torturas “no constituyen una situación aislada”, explican desde la ong, ya que “evidencian la impostergable necesidad de avanzar en reformas estructurales de los sistemas penitenciarios y policiales del país y de sancionar el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura”, destacan desde la ong.
Cabe destacar que el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura que se menciona posee ya media sanción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, aunque desde aquella media sanción, el proyecto descansa en el Senado. Lo que “está repercutiendo en el armado provincial de esos organismos, dado que varias provincias han comenzando a implementar su propio sistema de prevención de la tortura pero con estructuras disímiles”.
Asimismo sostiene que existe un “carácter estructural y cotidiano de las violaciones de derechos humanos que deben soportar las personas privadas de libertad en Argentina” ya que “en los últimos años, han tomado estado público casos de torturas, malos tratos o condiciones inhumanas de detención a nivel nacional y en distintas provincias del país”.
Desde la ong, además, se ha manifestado en reiteradas oportunidades que “las prácticas de tortura forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades psiquiátricas de nuestro país”.
Con respecto al no tratamiento en el Senado del proyecto, con media sanción, del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura explicaron que en marzo de este año, representantes de distintas fuerzas políticas de la Cámara de Senadores se comprometieron a tratar la creación del mecanismo.
Incluso la presidente de la Cámara de Senadores, Beatriz Rojkés de Alperovich, aseguró (durante unas jornadas de realizadas en el Senado) a Emilio Ginés Santidrián, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas que había consenso entre las diferentes fuerzas para su aprobación.
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en 2004, marcó como “generalizada y habitual por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en las provincias como en la Capital Federal”.
El proyecto busca cumplir con el mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas firmado y ratificado por Argentina en 2004 mediante la Ley 25.932.