A raíz del gran número de denuncias, el Procurador General de Chaco se reunió con el Defensor del Pueblo provincial en busca de soluciones conjuntas a los desmontes y la tala ilegal en la provincia. El trabajo que se acordó.
Los desmontes y la tala ilegal plantean un conflicto en la provincia del Chaco. Es que la gran cantidad de denuncias presentadas motivó que se reunieran autoridades judiciales y policiales en busca de soluciones conjuntas para intervenir en estas causas en trámite en el Poder Judicial chaqueño.
En el encuentro principalmente se trató “la situación de las denuncias formuladas ante las fiscalías de investigación y los juzgados de faltas de la provincia y el trámite dado a cada una de ellas”, informaron desde el Poder Judicial chaqueño.
Asimismo se manifestó “la preocupación para que en las referidas denuncias se actúe desde el Poder Judicial con la celeridad que la situación exige, para el secuestro de los bienes objeto de los delitos denunciados y para evitar la continuación de la acción delictiva”.
De la reunión participaron el Procurador General de la provincia, Jorge Canteros; el Procurador General Adjunto, Hugo Fonteina; el jefe de Policía de la provincia, Comisario Ramón Alegre; el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido; el Subsecretario de Asuntos Policiales, Aldo Asano y asesores del Instituto de Colonización y de la Dirección General de Bosques.
Así se resolvió la necesidad de unificar las políticas de Estado en materia de explotación de bosques, su control y el seguimiento de las causas judiciales en las que se denuncien infracciones a la Ley de Bosques y otras relacionadas con la materia.
Para ello se acordó la realización de un encuentro de trabajo que reúna a los actores presentes y a los fiscales de investigación y jueces de Paz y Faltas de las circunscripciones más afectadas por el mencionado conclicto.
En la reunión también tanto el procurador general provincial, como el adjunto, informaron sobre las instrucciones a los fiscales provinciales para actuar en el caso en que reciban denuncias que tengan que ver con la tala ilegal de bosques o el transporte de productos forestales sin la debida documentación respaldatoria.
Esto, explicaron, “obedece al establecimiento de una Política Criminal mancomunada entre el Defensor del Pueblo, representantes del Gobierno Provincial, Inspectoría de Justicia de Paz y la Procuración General”.