Brevatas

Preguntas para Gils Carbó

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) remitió al Senado un cuestionario de 44 preguntas para formularle a la candidata a procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien actualmente se desempeña como fiscal ante la Cámara en lo Comercial. Dese la ONG destacaron que “aún no cuenta con la información suficiente como para evaluar las calidades de la candidata propuesta por el Poder Ejecutivo” ya que su currículum “muestra numerosos antecedentes laborales y académicos pero referidos, casi exclusivamente, al derecho privado”. La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación realizará la audiencia pública con la candidata Gils Carbó el próximo martes 7 de agosto.

La Corte Suprema confirmó una condena por gatillo fácil

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni, dejó firme una condena a 11 años de prisión contra Adolfo Vicente Salinas un ex policía bonaerense que en el año 2000 mató de dos balazos a un joven pasajero. Ello puesto que consideró "inadmisible" el recurso de queja interpuesto por la defensa del acusado. El imputado fue condenado por el homicidio de Ariel Nicolás Di Paola, de 22 años, ocurrido el 22 de diciembre de 2000 cuando, manejando su remís, trasladaba a la víctima, un vendedor ambulante, hasta la rotonda de La Tablada. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Salinas "llevaba al pibe a la rotonda de Tablada, donde discutieron en el momento del pago porque el chico no tenía cambio. El policía sacó el arma, Ariel se escapó del coche" tras lo que el policía "lo persiguió y le pegó un tiro en la pierna y otro en la nuca”.

El caso de ABSA, apelado con efectos no suspensivos

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, a cargo de Luis Arias, concedió el recurso de apelación presentado por la parte demandada en los autos "Negrelli, Oscar Rodolfo y otro c/Poder Ejecutivo y otro s/Amparo", donde se discute la legalidad del aumento dispuesto por la gobernación bonaerense en la factura del servicio de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA). Los demandados aseguraron que de no darse la suba de la tarifa, la empresa estatal "caracería de fondos para cubir los costos que demande la compra de los químicos necesarios para los procesos de potabilización, combustible, pago de sueldos de personal, electricidad, pago a contratistas que se encuentran ejecutando obras de mantenimiento en toda la Provincia, etcétera". El magistrado consideró que "siendo ello así, y más allá de su genérica alegación, no lucen acreditados en autos los perjuicios que la medida dispuesta podría generar al funcionamiento del servicio público que presta la demandada, en tanto ésta no ha acompañado los estados contables de la empresa, o algún otro respaldo documental que permita ponderar la gravedad de la crisis financiera invocada, no obstante encontrarse a su cargo la acreditación de tales extremos". Por ello decidió "conceder los recursos de apelación interpuestos en relación y con efectos no suspensivos".