La última audiencia en el Congreso puso de manifiesto algunas cuestiones que generaron ejes de discusión polémicos, fundamentalmente, en torno al lugar que ocuparán los pueblos originarios, desde donde surgieron opiniones favorables y en contra del proyecto.
“Este proyecto es promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación. Hoy, la discusión sobre la propiedad comunitaria indígena se da en el ámbito judicial y no en otros ámbitos”, sentenció, sin resquicio de duda, María Micaela Gomiz, representando al Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas ante la Comisión Bicameral por la Reforma y Unificación de los códigos Civil y Comercial.
Así expresó una de las principales polémicas generadas de cara al anteproyecto, que involucra a los pueblos originarios, desde donde se encuentran posiciones encontradas, tanto a favor como en contra de la iniciativa.
En una extensa jornada donde también tuvieron la palabra representantes de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y entidades de arquitectos y escribanos, algunas diferencias fueron puestas de manifiesto en lo que constituyó la última reunión celebrada en el Congreso antes de que comience una gira por el interior. El primer encuentro será en San Miguel de Tucumán.
El pronunciamiento del Consejo Plurinacional Indígena de Argentina fue terminante con respecto a las previsiones del anteproyecto: “Nunca hemos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación, ocultamiento y represión”.
En este sentido, desde la organización que agrupa a diferentes comunidades de pueblos originarios consignó que “vaciar de identidad y derechos es querer reducir derechos logrados en décadas de luchas a un capítulo de un Código Civil, que se debate sin consulta ni participación de nuestras autoridades o instituciones indígenas. Por eso es necesario que nuestra voz se escuche en el Congreso este martes 28. Porque se pretende cerrar este capítulo de “Propiedad Comunitaria” sin nuestro Libre Consentimiento Fundamentado Previo como Pueblos preexistentes”.
Quien expresó esta posición ante los integrantes de la Comisión fue Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación de Abogados por el Derecho Indígena. La principal crítica (dirigida contra el grupo de organizaciones de pueblos originarios que avalaron el proyecto) es que “se admite en nombre de los Pueblos Indígenas del país que se reduzca nuestra existencia a ser sujetos de derecho privado, cuando el clamor de nuestras comunidades y pueblos es el reconocimiento a nuestra condición de personerías de carácter publico”.
Al respecto, señalaron que “si realmente estamos ante instituciones que funcionan desde la justicia, la participación y la transparencia, este capítulo referido a nuestros derechos indígenas debe ser suprimido y se debe a convocar a un verdadero proceso de consulta y participación indígena para la aprobación de una Ley Especial sobre nuestros derechos”.
En un tono menos beligerante, Angela Marcela Jaramillo, representante letrada del Pueblo Kolla, puntualizó: “El tema de la urbanidad y la ruralidad también es un tema para poder buscar alguna fórmula para incluir –en la unificación de los códigos- porque las comunidades no habitan sólo en zonas rurales, sino que también se desarrollan en zonas urbanas”.
La abogada señaló que “son pueblos que han sido trasladados por situaciones de trabajo, situaciones históricas. Se han desarrollado con un lazo que le ha marcado una posibilidad de encontrarse, identificarse y recuperar la identidad y la dignidad como ser completo, porque si una persona no puede decir su identidad, entonces es necesario contemplar alguna excepción a lo que está actualmente”.