Varias asociaciones del Derecho civil presentaron un proyecto de Ley para "fortalecer la Defensa Pública". Proponen la integración de los abogados en el ejercicio libre de la profesión y la transformación de las defensorías en un Servicio Público Provincial de Defensa. El texto de la iniciativa y los lineamientos generales.
“El presente proyecto viene a plasmar legislativamente el esfuerzo por instaurar en la provincia un modelo adversarial de Justicia que reconoce sus inicios en la reforma del sistema procesal penal que quiebra con el sistema mixto (…) y para lo cual no puede sino pensarse en su realización de la mano de una defensa penal pública autónoma, independiente y con igualdad de armas frente a la acusación pública, y en cuya estructura no puede coexistir ni depender en modo alguno ni siquiera formalmente.”
Así determinaron como lineamientos generales de su proyecto de Ley para brindar una mayor autonomía e impulso a las Defensorías los integrantes de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de La Plata, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asociación Pensamiento Penal (APP).
La semana pasada, en la ciudad de La Plata, miembros de las organizaciones que redactaron la propuesta realizaron la presentación de la iniciativa, a la vez que explicaron algunos de los lineamientos generales, como por ejemplo, la intención de convertir las defensorías en un Servicio Público Provincial de Defensa, o de integrar a los abogados en el ejercicio libre de la profesión en este sentido.
Entre otras cuestiones, destacaron que “la única forma de garantizar efectivamente el acceso a la justicia irrestricto previsto en los Pactos Internacionales es a través de un cuerpo permanente de defensores oficiales públicos con total autonomía dentro del Estado que debe garantizar su existencia para la sociedad. Cualquier dependencia o pertenencia al sistema judicial restringe su necesaria independencia que le permitirá exigir el acceso para aquellos a quienes representen”.
Los redactores de la propuesta puntualizaron que “en cualquier materia jurídica el único medio de verificar el debido proceso con igualdad de armas es estructurar pares contradictorios reales y en igualdad de posibilidades”.
Para eso, la Defensa Pública Oficial “debe gozar de autonomía plena. Los Defensores Oficiales Penales y Civiles no pueden depender ni estar bajo la superintendencia de la Procuración General, que es el órgano máximo de los Fiscales, en razón de que solo desde la absoluta autonomía y ajenidad de todo organismo judicial, serán garantes del acceso irrestricto al servicio de justicia”.
Las organizaciones enfatizaron: “Y solo la división de funciones estructurales en el sistema procesal puede garantizar sin riesgos la vigencia de derechos y especialmente la vigencia de la inviolabilidad de la defensa en juicio”.
El proyecto propone la creación de “un “Servicio Público Provincial de Defensa”. Esta denominación se aparta de la tradicional de “Ministerio Público de la Defensa” por cuanto aquella refleja más cabalmente la concepción de que “lo público” no es la defensa, sino la prestación del servicio y el control de su calidad”.
Los miembros de las organizaciones pusieron de manifiesto que “se crea al Servicio Público Provincial de Defensa como una persona pública autónoma y autárquica fuera del Poder Judicial y en paralelo con el Ministerio Público (o al menos, con el Ministerio Público que el artículo 120 de la Constitución Nacional impone como modelo)”.