La Asociación por los Derechos Civiles, junto a otras 15 organizaciones nacionales e internacionales, presentó un informe ante la CIDH sobre el uso abusivo de la prisión preventiva de parte de la Justicia. Denunciaron "el impacto del uso abusivo de la prisión preventiva tanto en Argentina como en otros países de la región".
“En la audiencia se puso de relieve la magnitud y el impacto del uso abusivo de la prisión preventiva tanto en Argentina como en otros países de la región, se hizo especial hincapié en la forma en que dicho uso afecta a grupos y poblaciones vulnerables”, afirmó, describiendo de forma general su informe respecto de esta problemática, Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
La organización presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a otras ONG de este y otros países de Latinoamérica, un informe sobre los abusos en torno a la prisión preventiva que se dan en la región.
Entre otras cuestiones, la iniciativa pone de manifiesto que “de acuerdo a los principios del sistema interamericano de derechos humanos, los Estados deben garantizar la libertad personal como regla general, y la aplicación de la prisión preventiva debe ser excepcional”.
De esta forma, y en primer orden, las organizaciones recordaron algunos de los estándares internacionales para utilizar este recurso: remarcaron que los jueces están obligados a, de tanto en tanto, revisar los supuestos que ameritaron la imposición de la medida.
Al mismo tiempo, manifestaron, teniendo en consideración un precedente de la Corte IDH, que “la prisión preventiva sólo puede funcionar como una medida cautelar, tendiente a prevenir la obstaculización de la justicia y a preservar la integridad de la prueba, estando vedada su utilización como pena anticipada”.
Algunas de las mayores preocupaciones expresadas en el documento son los altos índices de personas en prisión preventiva; el uso de políticas que buscan aumentar el uso de la medida cautelar, para dar respuesta a las demandas sociales de seguridad; las preocupantes tendencias en materia de regulación normativa que incorporan factores conducentes al uso abusivo de la prisión preventiva; la existencia de un impacto desproporcionado sobre grupos vulnerables, como mujeres, niños y pueblos indígenas.
En este mismo orden, los miembros de las organizaciones enfatizaron que “la mayoría de los sistemas judiciales y penitenciarios de la región no generan la información mínima requerida para poder realizar un adecuado monitoreo de las personas sometidas a encarcelamiento y específicamente de los presos preventivos y se hace hincapié sobre la falta de independencia judicial como otro factor agravante de la situación”.
Durante la presentación ante la CIDH, el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar Gil, recalcó que “el estudio está orientado a dar un aporte para resolver uno de los mas grandes problemas que tiene la región en materia penal y en materia penitenciaria, realmente el problema más grave que tiene la región es el uso abusivo, excesivo y arbitrario de la detención preventiva”.