La Ombudsman porteña pidió ante ese juez en lo contencioso administrativo federal
que "se declare inconstitucional la ley tapón ya que toda persona tiene derecho
a poder recurrir a la Justicia" y así "ampararse ante los atropellos
de los funcionarios que convalidaron la usurpación sobre sus ahorros".
Oliveira hizo esta presentación en los autos "Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires c/P.E.N. - Dto. 1570/01 - s/ Proceso de conocimiento",
y pidió que para que "el tratamiento del presente no obstaculice el curso del
proceso en trámite", la solicitud tramite con incidente separado del expediente
principal.
Con referencia a los autos mencionados, la Defensora advirtió que "ya existe
una medida cautelar desde el 28 de diciembre del año pasado donde se ordenó
el libre acceso de los vecinos a sus ahorros -declaró Oliveira-; por eso
esta ley no puede funcionar de modo retroactivo, al impedir que mediante medidas
cautelares, los ciudadanos recuperen lo que les pertenece".
"La ley 25.587 modifica el instituto procesal de las medidas cautelares, alterándolo
y pulverizándolo", se señala en el escrito, añadiéndose que "la norma bajo
análisis establece el efecto suspensivo de los recursos de apelación que se
presenten contra las medidas cautelares ordenadas. Esta imposición normativa
es contraria a los principios de tutela judicial y eficacia de los recursos
judiciales. Su aplicación equivale a privar a la medida cautelar de su carácter
precautorio, tendiente a asegurar un anticipo de garantía de la jurisdicción".
También se expresa que "la norma dispone que las medidas cautelares que
se dispongan en los procesos judiciales no pueden tener el mismo objeto que
la demanda principal. Esta previsión es IRRACIONAL.
En los procesos como los que analizamos resulta ridículo pretender que la medida
cautelar tenga un objeto distinto de la demanda principal. Justamente lo que
se intenta es que los depósitos sean preservados, y la única forma es que sean
devueltos a su propietario, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
Sólo así las medidas cautelares cumplirán la función de asegurar el derecho
esgrimido en la demanda".
Además la defensora porteña denunció que "mientras se les da la espalda
a los ahorristas, el Banco Central otorgó a los bancos desde septiembre de 2001
a abril de 2002, en carácter de asistencia financiera, casi 9.500 millones".