Legisladores de la Comisión de Género y Diversidad de la Cámara de Diputados de Mendoza, buscan trabajar en conjunta para la elaboración de una ley provincial que sea un puntal más en la lucha contra la trata de personas.
Con ello se intenta que el combate de esta forma de esclavitud se convierta en una política de Estado, y que no sean medidas aisladas tomadas por las comunas mendocinas. Ello coincide también con la postura del gobernador Francisco Pérez, quien trabajó en un proyecto para crear el Consejo Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, que será enviado a la Casa de las Leyes en los próximos días.
Sobre la base de las iniciativas de las diputadas justicialistas Mónica Zalazar y María Godoy. Que se centran en la prohibición, el cierre y la persecución en toda la provincia de la instalación, el funcionamiento, el regento y la promoción de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boliches o establecimientos de locales de alterne.
Los proyectos de ambas, que se acumularían, esbozan que en cada procedimiento que se realice en miras de cerrar los mencionados locales, se debe proteger de forma integral los derechos de las personas que se encuentren ejerciendo la prostitución en el lugar.
Los mismos indican también, que en caso de que las mujeres no puedan acreditar su identidad y su domicilio, serán consideradas víctimas de trata de personas. Por lo que es obligación del estado brindarle la protección y contención adecuada mientras se realiza la denuncia correspondiente.
Según las legisladoras, no se ataca la actividad sino a las formas de esclavitud sexual y las respectivas iniciativas tienen su base en la ley 26.364.
En particular, la propuesta de la Diputada Godoy, contempla la creación de una Dirección de Detección, Rastreo y Recuperación de Víctimas contra la Trata de Personas. Que sería la autoridad de aplicación de la norma, y además llevaría adelante la búsqueda y el rescate de las víctimas, sumado a ello, estaría a cargo de campañas de sensibilización y concientización de la sociedad en lo referente a la cuestión.
El organismo tendría carácter de interministerial, y abarcaría a las carteras de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad, la DGE, y la Subsecretaría de Trabajo.
En otro apartado, se determina que las multas hacia quien alquile uno de estos locales será determinada por el Municipio y que el dinero recaudado sería repartido en un porcentaje del 15% para la Comuna y 85% para el sostenimiento del programa.
Por su parte, la propuesta de Francisco Pérez se relaciona mas puntualmente con la persecución penal del delito de trata de personas y apunta a la creación de un consejo provincial. Que ya se encuentra legislado en la norma nacional, al igual que la línea gratuita de denuncias, 0-800-trata que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos.
Los principales puntos de la iniciativa serían prohibir la instalación de prostíbulos y locales de alterne, determinar qué se entiende por prostíbulos, que los locatarios de estos lugares sean notificados de las clausuras dispuestas y que además serán inhabilitados por 10 diez años para ejercer actividades inmobiliarias.
En otro aspecto, el proyecto apunta proteger a las víctimas a lo largo de todo procedimiento. Con relación a la autoridad de aplicación se crearía entre las dependencias responsables una dirección de detección, rastreo y recuperación de víctimas de trata de personas.
Además del rescate de las víctimas, la ley promueve la protección y tareas de concientización y sensibilización de la sociedad, una medida para ello sería la Incorporación de la lucha contra la explotación sexual en la currícula escolar.
En el aspecto administrativo de la aplicación de la ley, el proyecto busca que los municipios sean los que determinen el monto de las multas que se le hagan a los locales, y que la recaudación se reparta en un 15% para los municipios y 85% para la dirección de detección y rastreo.
Los fondos para el funcionamiento del sistema provendrían de las arcas provinciales, pero la norma autoriza a firmar convenios con organismos nacionales e internacionales.
dju
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