Ecuador está atravesando un proceso de renovación en diferentes ámbitos: político, institucional, y en sus tres poderes. Parte de estos cambios en el Poder Judicial son llevados a cabo por el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), un órgano que está encargado de sentar las bases para el nuevo sistema de Justicia que regirá en el país sudamericano.
Pero esta iniciativa no estuvo exenta de polémica. En una decisión que conllevó grandes discusiones y mostró dos posiciones distintas en torno a un mismo problema: la destitución de 459 funcionarios judiciales, entre ellos 324 jueces.
Esta semana, el CJT hace un cierre de sus actividades en torno al trabajo realizado para impulsar el nuevo sistema judicial propuesto para Ecuador. Desde que se inició el trabajo del Consejo se llevaron a cabo muchos procesos en contra de funcionarios judiciales, sumarios, multas, y sobre todo destituciones.
Pero algunos de los magistrados destituidos manifestaron su desacuerdo con las acciones llevadas a cabo por el organismo y denunciaron que fueron víctimas de una persecución en torno al hecho de que compartían el criterio del gobierno ecuatoriano en relación a los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010.
En esa ocasión, un levantamiento policial fue denunciado como un intento de golpe por el presidente Rafael Correa, y en ese marco entendió el Ejecutivo que debía juzgarse a los imputados por los hechos.
Por ejemplo, el juez de Garantías Penales, Santiago Coba, entendió que uno de los policías acusados por la muerte de un estudiante que se enfrentó a los uniformados sublevados no debía ser apresado preventivamente, pero sí asistir diariamente a su juzgado. Desde el CJT abrieron un sumario administrativo por otros casos en donde se le imputaron errores procesales y, finalmente, fue separado de su cargo.
Uno de los elementos más utilizados en torno a las destituciones son los errores inexcusables. Las fallas en este sentido hacen que los destinos de los jueces acusados por ello sean su cese en la función.
Jorge Ayala, titular de una organización que nuclea a los empleados y funcionarios judiciales de la región de Pichincha declaró a medios locales de Ecuadro que “la Constitución garantiza la autonomía de los jueces y prohíbe a la Judicatura amonestarlos por actos jurisdiccionales como un fallo”.
En este sentido, remarcó que la legislación vigente expresa que “no se pueden impugnar criterios de interpretación de normas jurídicas”.
dju
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