Según la resolución, firmada por el titular del Ministerio Público, Eduardo Matías de la Cruz, algunos de los delitos que se pueden denunciar ante la nueva repartición son los de fraudes al erario, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, negociaciones incompatibles con sus funciones, o exacciones ilegales, entre otros.
En ese ámbito se analizarán las presentaciones que radiquen los particulares y de ameritar suficiente entidad se girarán las actuaciones ante el fiscal en turno o al titular de la unidad de investigaciones complejas, que procederá al inició de la causa penal correspondiente.
En los fundamentos de la resolución, el procurador tuvo en cuenta las "dificultades que deben enfrentar los fiscales de la provincia en las investigaciones sobre delitos de corrupción en perjuicio del Estado, en especial cuando se denuncia enriquecimiento ilícito".
Asimismo, afirmó que "el pueblo debe tener la certeza que no hay impunidad para sancionar la conducta ilícita, como así también la decisión para clausurar la vía de las calumnias a designio".
Además se recordó que "el Colegio de Magistrados y Funcionarios ha expresado su apoyo a la creación de dicha instancia en el ámbito de la Procuración" y que "esta oficina no será una bolsa de trabajo para abogados, sino que dependerá del personal existente en la policía judicial dependiente del Procuración General".