El tema no solo genera especulaciones y manifestaciones desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que, como ayer informó Diariojudicial.com, el integrante del Consejo de la Magistratura Diego May Zubiría informó que se comunicó “con un alto directivo del Banco Central” con el fin de que desde esa institución se remitan hacia el Consejo una serie de informes sobre los fallos de primera instancia que permitieron eludir el corralito.
May Zubiría, junto a los también consejeros Orio y Gersenobitz quieren saber los datos de los juzgados y los abogados que tomaron parte de los amparos contra el corralito, como así también los montos de los mismos.
La inquietud de los consejeros surgió, según comentó May Zubiría, “debido al concurso para el puesto de vocal en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal”, precisando que la idea de llevar acabo esta investigación se enmarca en “echar por tierra todos los comentarios que podrían llegar generar si alguno de los concursantes cometió anomalías a la hora de firmas amparos en contra del corralito”. El citado concurso incluye a los jueces en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino (juzgado 4), Martín Silva Garretón (Juzgado 6), Ernesto Marinelli (juzgado 1) y Sergio Fernández (juzgado 2), entre otros.
En el comunicado difundido hoy, las organizaciones, que nuclean a magistrados y funcionarios judiciales de todo el país, señalaron que “la generalización de las imputaciones no resulta otra cosa que la pretensión de trasladar al Poder Judicial de la Nación obligaciones que le son ajenas, en tanto que a este sólo le cabe cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes, nulificando, como último garante de los derechos de los ciudadanos, aquellas normas que resulten - a su entender- violatorias de las prescripciones de la Carta Magna”.
El comunicado, firmado por Edgardo Juan Albrieu, en su carácter de presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y Juan Carlos Fernández Madrid, por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, finaliza advirtiendo que “los jueces no obstruyeron, no limitaron, ni impidieron a los ciudadanos el acceso a sus ahorros. No son los creadores del "corralito financiero", tampoco del diseño de la política económica del país, ni garantes de la rentabilidad de las inversiones de riesgo efectuadas en el país”.