En el discurso de apertura del período legislativo, la presidente Cristina Fernández prometió una serie de reformas legislativas en torno a la administración de Justicia, entre ellas la creación de nuevos tribunales de Casación y la elección plena de los integrantes del Consejo de la Magistratura y la selección de jueces. Sus críticas a la medidas cautelares y la exención de jueces respecto al pago del Impuesto a las Ganancias
A fines de 2012, la Justicia estaba en el plano central de los medios. Diversos temas que involucraban al Grupo Clarín, el Gobierno y la Ley de Medios, así como los conflictos dentro del Consejo de la Magistratura (también en torno a esa cuestión) hicieron que a comienzos de este año, en la inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, saliera al cruce de múltiples opiniones y, en algunos casos, acusaciones sobre el corporativismo del Poder Judicial.
Al mismo tiempo, se generó una escisión de una magnitud quizás inusitada en nuestro país en torno al rol de la administración de Justicia. Por un lado, jueces, fiscales, defensores y abogados elaboraron una solicitada en la que se exhortó al Estado nacional “a cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución y a ejercer sus facultades como poder del Estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia”.
Por otro lado, más de 200 colegas de los firmantes de la solicitada, realizaron un cuestionamiento hacia adentro y desde adentro del sistema Judicial. Esto generó el encuentro por una “Justicia Legítima”, que finalizó el jueves pasado, donde, por ejemplo, la procuradora general Alejandra Gils Carbó se diferenció de las asociaciones de magistrados “tradicionales”.
En este marco, el discurso de la presidente Cristina Fernández durante la apertura del período legislativo de 2013 tuvio un capítulo entero dedicado a estos asuntos. Todos los anuncios estuvieron signados por una expresión que la primera mandataria repitió en reiteradas ocasiones y que, seguramente, generará un gran debate: la "democratización de la Justicia".
Durante su discurso realizó críticas pormenorizadas, se refirió a las medidas cautelares y la falta de respuesta rápida de parte del Poder Judicial, a la vez que mencionó los beneficios previsionales conquistados, señalando que esos recursos procesales se utilizaron de forma indiscriminada: “Alguien es inocente o culpable y punto, esa es la verdadera Justicia que quiere el pueblo”.
Pero todos esperaban el momento en las que las referencias fueran concretas, y como aporte final, se refirió a todos los temas que atravesaron los medios y fueron motivo de discusiones en tanto a nivel político como mediático.
Entonces, la presidente realizó un halago a la Justicia en materia de Derechos Humanos y precisó que lo más necesario es una democratización: “Es un debate que nos debemos los argentinos”.
En este sentido, resaltó su discurso con una figura y una anécdota de gran peso simbólico que seguramente será discutida por muchos: “¿Se acuerdan del Bicentenario? ¿Se acuerdan de la carreta que llevaba a la Constitución prendida fuego? (en alusión a los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo y un carro en alusión a la dictadura). Originalmente se había pensado que la balanza de la Justicia también se incendiara. Pero yo dije ‘no’, porque la Justicia nunca fue tocada. Así que la Justicia no la incendien. Que incendien el Ejecutivo y el Parlamento”.
Fue entonces cuando Cristina Fernández consignó que “no se va a reformar ninguna Constitución, así que los que pensaban que esto de la democratización era una excusa, que se olviden, yo quiero en serio una Justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose que es parte de uno de los poderes del Estado”.
Esa fue la antesala de uno de los anuncios que mayor repercusión tendrán: una nueva reforma al sistema de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. En este sentido, la primera mandataria señaló: “El órgano representativo que determina el nombramiento y juzgamiento de jueces está compuesto por abogados y jueces; (…) esos abogados y jueces deben ser elegidos por los ciudadanos”.
Más tarde, Cristina Fernández manifestó que enviarán otro proyecto para crear una instancia de Casación en distintos fueros para aliviar y “transparentar la Justicia”, creando de esta forma una tercera instancia, como lo indicó.
También hizo una fuerte crítica a la forma de ingreso a la administración de Justicia: “Creemos que el Poder Judicial no puede ser un lugar donde solamente accedan los conocidos o parientes ‘de…’. (…) Todo ciudadano que reúna la cantidad de requisitos y condiciones debe poder formar parte del Poder Judicial”, señaló, y advirtió que esto no debe ser un privilegio. “Eso también es democratizar el Poder Judicial”.
La presidenta también afirmó que la decisión de que los magistrados paguen Impuesto a las Ganancias debe formar parte de un debate interno, y mencionó un caso en el que Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema, se manifestó a favor de pagar el tributo. En este sentido, recordó que la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional va en contra de esa manifestación, por lo que “la única que puede modificar su jurisprudencia es la Corte Suprema”.
Entre muchas cuestiones, Cristina Fernández destacó que hay una falta de transparencia en torno a la información, y entendió que “muchas veces no sabemos por qué algunos casos” son tratados más rápidamente “que otros”. “Todo legislador, todo senador, todo diputado sabe qué proyectos entraron al Congreso. En la Justicia no sabemos qué causas están en la Corte (Suprema) y en los distintos tribunales”.
Finalmente, y en torno a las medidas cautelares (de las que afirmó “retrasan a la Justicia veinte años”), la primera mandataria consignó que se enviará un proyecto de ley para determinar la responsabilidad del Estado en términos concretos y actuales. “Cuando se aprobaron los viejos códigos no existía la figura del Estado. (…) La figura comienza a surgir a mediados del siglo pasado, con Bielsa, con Gordillo”.
Al respecto, recordó el caso de los jueces subrogantes que aceptaban, sin tener competencia, medidas cautelares, como el del magistrado correntino Humberto Camilo De Biase, que aceptó más de 17.000 recursos de este tipo realizados en cuatro presentaciones diferentes.
Algunas de las ideas que esbozó Cristina en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, ya habían aparecido en el encuentro por una "Justicia Legítima" que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional los pasados miércoles y jueves. Otras, son enteramente novedosas y dependerá de los diputados y senadores hacer realidad estos proyectos.